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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó a la Asamblea Constituyente a presentar en un plazo de 30 días hábiles los alegatos que considere necesarios para defender la Constitución Política de la Ciudad de México ante las controversias constitucionales que han sido promovidas.
Luego de que el 10 de mayo pasado la Corte reconociera a la Asamblea Constituyente como autoridad demandada en tres controversias promovidas hasta ahora, la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek dictó un acuerdo para llamar al órgano que aprobó la Constitución local a presentar su contestación.
Alejandro Encinas, quien fue el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, informó que ayer al mediodía fue notificado de la resolución de la SCJN.
El también senador indicó que el plazo de 30 días para presentar alegatos empezará a correr a partir del 23 de mayo próximo y dicha notificación fue recibida en la casona de Xicoténcatl.
En un comunicado, Encinas Rodríguez indicó que la notificación dice que la Constituyente “es la autoridad responsable y personalidad jurídica para la defensa legal de la Constitución Política de la CDMX ante las controversias constitucionales y acciones inconstitucionalidad que han presentado diversas instituciones.
Sin embargo, la Corte informó en una tarjeta informativa que la Constituyente sólo podrá realizar la defensa ante las controversias, pero “no participará en los juicios de acciones de inconstitucionalidad”. Esto porque “de acuerdo a registros oficiales, no se impugnó la decisión del Ministro Javier Laynez Potisek de no reconocer a la Asamblea Constituyente de la CDMX como parte demandada en las acciones de inconstitucionalidad”, agregó el máximo tribunal.
Sobre este tema, Alejandro Encinas expresó en entrevista hace unos días que la Corte tiene que rectificar esta situación y reconocerlos ante las acciones de inconstitucionalidad pues la defensa no se puede hacer “en partes”.
De momento, la Asamblea Constituyente hará frente a las controversias promovidas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia local y por la presidencia del Senado de la República.
En tanto, las acciones de inconstitucionalidad hasta ahora han sido promovidas por la PGR, la CNDH y los partidos Morena y Nueva Alianza.
