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Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil calificaron el proyecto de la Planta de Termovalorización como “inadmisible”, pues contrario a lo planteado por el gobierno capitalino ésta pondrá en riesgo la salud de los habitantes de la Ciudad de México.
Aseguraron que se trata de un proyecto de “incineración de basura disfrazado de termovalorización”, traerá como consecuencia emisión de contaminantes altamente tóxicos y cancerígenos, que empeorarían la calidad del aire en la zona metropolitana y pondrán en riesgo la salud de las personas”. Por lo que demandaron su cancelación.
El 18 de abril, la Agencia de Gestión Urbana (AGU) informó que el consorcio Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V.-Veolia sería el encargo de diseñar, construir y operar la Planta de Termovalorización de la Ciudad de México, en la cual, cada día se transformarán 4 mil 595 toneladas de basura en energía para alimentar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
La construcción de esta planta, que se ubicará en el Bordo Poniente, fue adjudicada a esta firma a través de un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) a 33 años, dos previstos de obra y 31 de operación. Como medida de mitigación, el consorcio ganador deberá construir un parque ecológico en las inmediaciones de la estación del Metro Tláhuac.
En conferencia, los organismos ambientales señalaron que dicho consorcio ha enfrentado demandas ante tribunales internacionales y nacionales por incumplimiento en sus contratos en países como Egipto, Lituania, Marruecos.
Mientras que en el estado de Chiapas ha sido acusado por la contaminación de mantos freáticos por escurrimientos de lixiviados del basurero a su cargo. También han sido demandados por ocultar la contaminación del agua con plomo en Flint, Michigan.
Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México señaló que “la Ciudad de México tuvo 6 años desde que se cerró el Bordo Poniente en 2011 para buscar alternativas para el buen manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) pero no lo hizo y hoy quieren imponer la incineración pese a ser una tecnología que genera contaminantes altamente tóxicos, cancerígenos y perturbadores endocrinos”.
Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes dijo que “es una obligación del gobierno de la ciudad informar a sus habitantes, que una de las tantas consecuencias de la incineración de basura es la reducción de la fecundidad y el aumento en la prevalencia de algunas enfermedades como endometriosis y ciertas clases de cáncer”.
Las organizaciones afirmaron que el proyecto además de poner en riesgo la salud ambiental y humana de las poblaciones cercanas a la planta y de la Zona Metropolitana, viola derechos constitucionales como el de vivir en un medioambiente sano, el derecho a la consulta previa e informada así como el de acceso a la información, incumpliendo también convenios internacionales como el de Estocolmo, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México debe cancelar el proyecto.
pmba
