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La jefa de la Delegación Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, exhortó a los habitantes de la demarcación a denunciar irregularidades y posibles delitos ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, instancia competente para conocer e investigar esos hechos.
En el caso de las denuncias sobre un despojo violento ocurrido en marzo pasado en la taquería El Borrego Viudo, la presencia de hombres armados y demás irregularidades, precisó que si los afectados acudieron ante el Ministerio Público que está a un lado de la Delegación Miguel Hidalgo, eso no significa que se trate de una instancia que dependa de ella como jefa delegacional, sino que depende directamente del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Reconoció que el 5 de abril pasado, miércoles ciudadano, los abogados de Conrado Villagrana Martínez, hijo, se acercaron con ella para hacer de su conocimiento que eran víctimas de extorsión por parte de personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), por lo que les invitó a hacer la denuncia correspondiente.
“La delegación nunca ha tenido conocimiento de ningún tipo de despojo y aunque hubiera tenido conocimiento, lo correcto es denunciarlo al MP, que es lo que sugerí a los abogados cuando me dijeron que les habían pedido dinero por el tema de bebidas alcohólicas”, sostuvo Gálvez.
“A la delegación lo único que le compete es que el giro mercantil se encuentre en orden y, hasta este momento, el giro mercantil [El Borrego Viudo] está en orden, no nos compete dirimir quién es el propietario, para la delegación hay una licencia vigente a nombre de Conrado, padre del joven Conrado Villagrana, y para que pertenezca a otra persona se debe hacer un traspaso o abrir la sucesión que corresponda. Tan es legal el giro mercantil que el Invea quitó los sellos”, explicó.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició de oficio una carpeta de investigación contra quien resulte responsable de esta conducta, también referida por los abogados de Villagrana Martínez, a partir de la clausura del establecimiento.
Negó conocer a alguno de los involucrados en el asunto y explicó que es posible que un inmueble pertenezca a una persona y que su uso como giro mercantil ocurra mediante una licencia a nombre de otra distinta.
Dijo que su papel, en el caso del Borrego Viudo, se limitó a dar cumplimiento al convenio que firmó con el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para que no se clausuren giros mercantiles de bajo impacto por uso de suelo, en el que está adherida la taquería.
El Borrego Viudo no es el único caso de un giro mercantil que se ha quejado de malas prácticas por parte de personal del Instituto de Verificación Administrativa, comentó Gálvez.
“Ha habido varias quejas de este tipo, siempre les digo lo mismo, que vayan y denuncien ante la autoridad competente que es el Ministerio Público”, dijo, “es muy común que también gente que se enoja porque los clausuran vengan y digan que los están extorsionando como para descalificar la acción”.
“Si se comprueba que personal del Invea estuvo en el Borrego Viudo y ellos presentan las pruebas, porque seguramente tienen cámaras de video y todo eso, será el Ministerio Público el que actúe, también habrá que ver si es gente del Invea”, agregó.
En el caso de las quejas contra personal de la propia Delegación Miguel Hidalgo, Gálvez explicó que si no hay denuncia formal ante el Ministerio Público se toma como chisme, pero cuando la gente acude a formalizar el trámite, procede a separar al funcionario señalado como responsable para que se investigue el caso.
Cuando se trata de quejas contra personal del Instituto de Verificación Administrativa, aclaró que corresponde a la Contraloría Interna del Instituto y a su titular, Meyer Klip Gervitz, iniciar la investigación necesaria.
“También puede suceder que hay gente que se hace pasar como personal de la delegación, nos ha pasado, o del Invea. Había un personaje que decía que era de la delegación y ya no estaba en la delegación, estuvo en la administración pasada, y seguía pasando a cobrarles a los ambulantes, hay de todo”, apuntó.
“Es muy común que, cuando hay litigios sobre ciertos inmuebles, se intente utilizar a la autoridad para que se ponga del lado de unos y de otros, meten quejas de que hacen ruido, que hay irregularidades; lo que tiene que revisar la autoridad es si la queja tiene sustento pues actuará”, concluyó Xóchitl Gálvez.
