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Frente a las recurrentes quejas ciudadanas por el presupuesto participativo, la Contraloría General de la Ciudad de México busca otorgar atribuciones a contralores ciudadanos y fiscalizar los recursos públicos.
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Vania Ávila García, informó que a la fecha ha recibido de manera reiterada 60 quejas ciudadanas por presuntas irregularidades en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
La asambleísta del partido Movimiento Ciudadano detalló que los capitalinos se quejan de la falta de viabilidad técnica, financiera, legal y social de los proyectos ganadores, los cuales son dictaminados por los propios jefes delegacionales.
“También otra queja que nos llega es que simplemente les dan negativa a los proyectos ganadores para su aplicación y otra más es que se determinó aplicar el presupuesto en otro proyecto o bien por no haberse iniciado, suspendido o concluido la obra”, señaló la diputada.
De acuerdo con el contralor General, Eduardo Rovelo, se han aperturado 38 expedientes por denuncias presentadas ante las contralorías internas.
A la fecha, precisó, se han determinado 10 improcedencias y se han iniciado seis procedimientos administrativos disciplinarios, 19 acuerdos de archivo y tres están en proceso de investigación.
Rovelo dejó entrever que podría haber sanciones de siete a 10 años de inhabilitación, en caso de algunos servidores públicos; aún no informó de qué delegaciones.
Mencionó que actualmente está en trámite el desahogo de auditorías de 2016 y se inicia la de este año.
El funcionario capitalino sugirió replantear la calendarización de la consulta ciudadana para que se realice una vez publicado el decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
De la misma manera, propuso implementar mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto de los proyectos en las colonias y pueblos originarios.
“Debemos crear herramientas, plataformas, instrumentos tecnológicos que permitan a la ciudadanía consultar en tiempo real cómo va la ejecución de esos proyectos. La gente tendría beneficios tangibles, objetivos que tiene que ver evitar a toda costa el daño al erario público”.
pmba
