Más Información
diana.fuentes@eluniversal.com.mx
El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que la Contraloría General de la Ciudad de México determinó que no existen irregularidades ni conflicto de intereses en los contratos de adquisición y obras que otorgó a empresas zacatecanas, presuntamente vinculadas a su hija, por 266 millones de pesos.
Frente a los contratos señalados por la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, adelantó que interpondrá una demanda por daño moral por difamación y engaño a la ciudadanía.
“La contraloría ha dicho que no existe conflicto de intereses y menos corrupción. Ojalá esta asociación corrija, porque dañó el prestigio de mi familia, difamó, es falso lo que dijeron y aquí están los contratos”, expresó.
Para que la ciudadanía no tenga duda, Monreal puso a disposición estos expedientes e incluso pidió a la contraloría interna que se lleven a cabo auditorías de todos los contratos de 2015, 2016 y parte de este año.
“El que nada debe nada teme y lo que pediría, ofendieron a mi hija, la perjudicaron hasta en lo laboral, faltaron a un deber sólo por una maniobra, una campaña mediática política y sucia”, dijo Monreal frente a su esposa y a una de sus hijas.
Hace 18 días, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa acordó solicitar a la Contraloría General que exigiera a la delegación Cuauhtémoc la entrega de un informe sobre los 14 contratos dados por 266 millones de pesos.
Hasta ese momento, el perredista Raúl Flores dijo que se presumía un posible conflicto de intereses, ya que estos contratos también habían sido otorgados a amigos de Salvador Loyo, director General de Administración de la Cuauhtémoc.
Las acusaciones de la ONG vertían que los contratistas Rubén Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga son amigos de Catalina Monreal, hija del delegado.
Expuso que sin el ánimo de acusar a los donantes, consideró imprescindible realizar auditorías fiscales a las asociaciones para evitar posible lavado de dinero, desvío de recursos públicos, fraude y defraudación fiscal.
Dijo que en las asociaciones de Carlos X González hay donantes hasta del extranjero. Reveló que Mexicanos Unidos contra la Corrupción recibió 253 donaciones por 38 millones 45 mil 552 pesos, incluso antes de obtener la autorización para recibirlas.
Posterior a la autorización y hasta diciembre de 2016 percibió 97 millones 999 mil 40 pesos en donaciones y entre las donatarias se encuentran concesionarias de carreteras, empresas de autobuses, despachos jurídicos, aerolíneas y escuelas.
“Presumimos que existe corrupción y un evidente conflicto de intereses, en virtud de que quienes aparecen como donantes de Mexicanos Unidos contra la Corrupción a su vez son funcionarios corrompiendo la naturaleza no lucrativa de estas organizaciones, dizque filantrópicas”, argumentó el delegado.
Adelantó que esta semana entregará un tercer documento al Servicio de Administración Tributaria para que éste investigue y compruebe una posible corrupción empresarial millonaria e inaceptable.
EL UNIVERSAL buscó a la Contraloría General de la Ciudad para conocer del tema y se espera que hoy se pueda tener una información oficial sobre el resultado de la investigación a los contratos de la delegación.
