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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Édgar Elías Azar, explicó que la controversia que promoverán magistrados de la institución ante la Suprema Corte de Justicia, es para que no haya reinterpretaciones y que no se vaya al amparo por algún artículo.
Los magistrados consideran que los artículos 35 y 37 violan la autonomía del poder judicial capitalino, pues vis-lumbran una invasión del poder legis-lativo sobre el judicial.
La controversia se opone a la creación del Consejo Judicial Ciudadano, que entre sus atribuciones está el de designar a los consejeros de la Judicatura, órgano encargado de vigilar y evaluar al Poder Judicial local, y encargado de nombrar a los jueces de la capital.
Estos preceptos normativos, consideran los magistrados, trastocan la organización interna y el funcionamiento del Poder Judicial local, pues podría tratarse del despojo de su independencia.
Además, los magistrados solicitarán que la Corte aclare si hay un trastocamiento de la división de poderes, que marca la Constitución federal, en cuanto a que se tocan puntos como la organización interna, designación de funcionarios judiciales y uso de recursos.
“Mi reconocimiento al constituyente, hicieron un gran esfuerzo, que sería muy injusto negárselos. Hubo intereses que se conciliaron con el único propósito de servir a la ciudad y de mejorar nuestra convivencia. Hay grandes avances en el tema de seguridad social”, comentó Édgar Elías Azar.
El funcionario destacó que solicitarán a la Corte les haga una interpretación constitucional y con eso resolver las dudas que se han generado.
Elías Azar reconoció a los constituyentes y los avances en el tema de seguridad social, pero recalcó que los magistrados sólo quieren una interpretación constitucional, aunque se tenga que interponer una controversia.
En caso de controversias, acciones de inconstitucionalidad u otros recursos legales que llegaran a ser presentados en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, el gobierno capitalino, así como ex diputados constituyentes, en calidad de terceros interesados, serán quienes defiendan su contenido. El órgano que estará al pendiente de posibles acciones de este tipo será la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno local además de las autoridades señaladas.
