Bala perdida que hirió a nadadora pudo salir de arma de policía de investigación: PGJ

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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones del enfrentamiento entre policías y ladrones, ocurrida el lunes pasado en la colonia Del Valle, donde resultó lesionada de gravedad la nadadora mexicana Fernanda Armenta.

Los primeros peritajes apuntan a que la bala perdida que lastimó a la joven salió del arma de cargo de un agente de la Policía de Investigación, después de que se encontrara, metros más adelante del incidente, una chamarra con sangre, aparentemente de uno de los delincuentes, así como un arma —réplica— de fuego.

Por el evento, el agente de investigación fue puesto a disposición del Ministerio Público, lo mismo que su arma de cargo, con el fin de saber su grado de responsabilidad en la lesión que sufrió la nadadora. El agente fue identificado como Juan “N”, de 34 años, quien junto con su compañero, iba en la patrulla placas 509-YCM. Aunque en caso de comprobarse que la bala perdida salió de su arma, quedaría libre de responsabilidad.

A decir de testigos, el agente y su compañero actuaron siguiendo el protocolo de la corporación. Se identificaron, pidieron a los delincuentes que desistieran del robo y que se entregaran; sin embargo, al momento en que los oficiales percibieron que su integridad física pudiera estar en riesgo abrieron fuego.

Mientras, se continúa con los análisis de las balas halladas en la escena del crimen, las armas oficiales que se usaron en el evento, así como de las imágenes de cámaras de seguridad de comercios y edificios cercanos al lugar de los hechos para establecer la ruta de escape de los agresores.

En una de estas grabaciones se aprecia el rostro de los delincuentes y se sabe que son jóvenes de entre 25 y 30 años; al tiempo que se revisa en los hospitales cercanos el ingreso de alguna persona con estas características. Además se busca a los responsables en la base de datos criminal.

La procuraduría aclaró que ha mantenido contacto con los familiares de la víctima a quien se le ha brindado apoyo gratuito de trabajo social, psicológico y jurídico.