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Comerciantes ambulantes de la Zona Rosa, agremiados a la organización de Diana Sánchez Barrios, chocaron con autoridades de la delegación Cuauhtémoc por las obras de rehabilitación en la Zona Rosa.
A una semana de que la directora Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, advirtió que ningún comerciante de puesto fijo, semifijo y toreros podrá vender mientras dure la rehabilitación; cerca de 2 mil informales y dirigentes de tianguis y mercados amagaron con frenar mañana las obras.
Ante esto, la directora Jurídica respondió y dejó claro que no cederán ante presiones de líderes corruptos que se oponen a los actos de gobierno para perpetuar las ganancias que obtienen de la vía pública.
Los comerciantes condicionaron la realización de esta megaprotesta que iniciará en las calles de Havre y Hamburgo y que contempla hasta huelgas de hambre si el jefe delegacional, Ricardo Monreal, no se sienta a dialogar y se compromete a reubicar a los informales afectados con las obras.
Sánchez Barrios, dirigente del comercio popular, apeló a la sensibilidad de Monreal y acusó directamente a Zuleyma Huidobro de ser la responsable de cometer este atropello en contra de los ambulantes violentando el derecho al trabajo.
Argumentó que el retiro de comercio en vía pública se dio de manera arbitraria y unilateral, además de que ni siquiera se presentó un plan emergente de reubicación para no afectar la economía de los comerciantes.
“Que Monreal volteé a ver a esta mujer, le está mintiendo como lo hizo Pedro Pablo de Antuñano, es una mujer que actúa como [Donald] Trump, que criminaliza y deja sin sustento a familias por más de seis meses”, expresó Sánchez Barrios.
Confirmó que la lucha jurídica también empezó contra la directora Jurídica al interponer una denuncia ante la Contraloría interna de la delegación, debido a que hasta ahora sólo ha prevalecido la opacidad hasta para explicar —como vecina de la colonia Juárez— la finalidad de la obra y con qué recursos se va a financiar.
Zuleyma negó una posible notificación de una denuncia en su contra.
La demanda, según Sánchez Barrios, está justificada por actos de omisión debido a que en ningún momento se notificó o hubo una mesa de consenso para quitar a los ambulantes de la Zona Rosa.
“Se procedió de manera arbitraria, no se respetaron los acuerdos y tampoco se actuó con equidad porque dejó a empresarios y puestos metálicos y se fue contra los más desprotegidos”, señaló la líder de ambulantes.
Contrario a las cifras que dio la demarcación, la también presidenta del Movimiento Social ProDiana aseguró que son cerca de 500 comerciantes y no 200 a quienes no se les permite trabajar en la Zona Rosa.
La directora Jurídica y de Gobierno dijo que el retiro de los ambulantes de la vía pública se abordó con vecinos y empresarios de la e incluso se invitó a que aprovechen este periodo de suspensión para regularizar su situación ante la delegación.
“Todos tienen los mismos derechos y la misma oportunidad para integrarse al padrón de comerciantes certificados”, precisó la servidora pública.
