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Los constituyentes endosaron a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la tarea de obligar a los desarrolladores inmobiliarios a cumplir con medidas de compensación y mitigación por los impactos urbanos y ambientales que causen sus obras.
A su vez, se ablandaron las restricciones a los constructores para evitar la especulación del suelo y evitar que sus proyectos expulsen a los residentes de una zona, esto luego de que el constituyente del PAN Roberto Gil presentara una serie de reservas.
Con 73 votos a favor y cinco en contra, anoche se aprobó una nueva redacción a los numerales 4 y 7 del artículo 21, inciso C, y se eliminó el numeral 9 que establecía la posibilidad de poner gravámenes a los predios que se mantienen baldíos con fines de especulación.
Los tres numerales habían sido reservados por Gil Zuarth, que en primera instancia pedía eliminarlos.
Tras una negociación con la Mesa de Consulta y la Comisión de Desarrollo Sostenible, el numeral cuatro fue modificado “de manera preocupante”, de acuerdo con l os diputados Mayela Delgadillo Bárcena y Jaime Cárdenas Gracia, de Morena.
Argumentaron que ya no se expresaba de forma clara que las obras urbanas, públicas o privadas, y los megaproyectos tendrían un control para no provocar una exclusión y expulsión de los residentes de las zonas intervenidas, fenómeno que es conocido como gentrificación.
El numeral ahora dice que “las autoridades competentes establecerán en sus programas y políticas mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades”.
El numeral siete para establecer mecanismos que prohibieran las “prácticas especulativas en los usos de suelo” fue totalmente modificado, pero en este apartado PRD y Morena consiguieron rescatar a medias una disposición que había sido eliminada la madrugada del lunes sobre la obligación de los particulares a cumplir con compensaciones y mitigaciones por sus impactos urbanos y ambientales.
La disposición había sido eliminada por PRI y PAN en el artículo 21, inciso C, numeral 8, debido a que no alcanzó la mayoría calificada.
Pero anoche se estableció que “la ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y ambiental”, con lo cual se deja la tarea a la Asamblea Legislativa.
Enrique Provencio, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, afirmó que se recuperaba el tema de la compensación y mitigación de impactos, aunque sobre el tema de gentrificación dijo que la redacción no era la “fórmula ideal”, pero ayudaría a minimizarla.
Al no haber un consenso, el numeral 9 sobre los “gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa con fines de especulación” fue eliminado, como había solicitado Roberto Gil.
La madrugada del lunes, la Asamblea Constituyente se había entrampado por las propuestas de Gil Zuarth, pues el PRD señaló que ya habían sido desechadas hace dos semanas, pero el propio Gil recordó que había un acuerdo para reponer el procedimiento de votación, situación que también motivó un diálogo con Dolores Padierna, coordinadora del PRD, y Elvira Daniel, diputada de Morena y familiar de una empresa inmobiliaria.
