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El tema de restricciones y ordenamiento al desarrollo inmobiliario entrampó a los diputados de la Asamblea Constituyente y les evitó concluir esta madrugada la aprobación de todos los contenidos de la primera Constitución Política de la Ciudad de México.
Cuando ya se tenían votados prácticamente todos los temas pendientes, excepto los artículos transitorios, los diputados tocaron una serie de reservas al artículo 21 que habían sido presentadas el 13 de enero por el senador Roberto Gil, del PAN.
Sus reservas pretenden borrar los párrafos que establecerán medidas para evitar que los megaproyectos inmobiliarios expulsen a los residentes de una zona; que habrá mecanismos para "evitar la especulación" en los cambios de uso de suelo y que la ley determinaría gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa con fines de especulación.
Estas redacciones se encuentran en el artículo 21, apartado C.
En esa ocasión del 13 de enero, ya se había votado la reserva de consenso de la comisión sobre estos temas, sin embargo Roberto Gil pidió que se votara por separado su reserva y consiguió que se acordara una posterior reposición del procedimiento de votación.
Manuel Oropeza, diputado del PRD, cuestionó esta madrugada que se intentaran votar de nuevo estos asuntos.
"Tres de esos temas ya se discutieron, ya se votaron como parte de la reforma que se presentó y no procedería que se vuelvan a presentar, porque son cosas ya discutidas, ya votadas y resueltas por la mayoría calificada", dijo.
Los temas habían sido analizados en días previos en la Mesa de Consulta y en la Directiva, sin llegar a alguna redacción de consenso.
Ante el conflicto que se suscitó cerca de las 4:00 horas, Gil Zuarth dijo que se respetará la existencia de un acuerdo para votar las reservas.
Incluso Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva aceptó que estaban en un problema y que "aquí va a haber un litigio jurídico independientemente de la decisión que tomemos", pues tanto quienes voten a favor como en contra podrían impugnar el resultado.
Dolores Padierna, coordinadora del PRD, insistió en que las reservas de Gil Zuarth habían sido rechazadas el 13 de enero.
"No son cualquier reserva, una eliminaría la prohibición de la gentrificación, la otra es sobre los cambios de uso de suelo, ahí radica el éxito o fracaso del ordenamiento territorial en la Constitución", dijo Padierna.
Ante el desconcierto, Alejandro Encinas optó por seguir con el desahogo de otros temas para dar tiempo a resolver el problema, pero poco antes de las 05:00 horas se declaró un receso.
Minutos antes de ello, entre la confusión para seguir la sesión, Dolores Padierna y Roberto Gil dialogaban y a la discusión entre las curules se sumó por unos instantes Elvira Daniel, diputada de Morena y también familiar de una empresa inmobiliaria.
Luego Elena Chávez diputada del PRD, molesta, tomó la palabra.
"Son casi las cinco de la mañana, me parece una falta de respeto que nos tengan esperando aquí a causa de que el PAN está viendo su asunto, venimos a hacer una Constitución, no a avalar un negocio del senador Gil, no lo podemos permitir", expresó la legisladora.
ELIMINAN OBLIGACIÓN A MITIGAR IMPACTOS URBANOS
Previamente, se eliminaron los dos párrafos del numeral 8, inciso c del artículo 21, que establecía en la Constitución la obligación de los desarrolladores inmobiliarios a mitigar los impactos urbanos y ambientales causados por sus construcciones, así como el señalamiento de que los propietarios de terrenos podrían adquirir derechos de edificación adicionales.
En la votación, hubo 40 sufragios a favor de mantener el numeral, así como tres abstenciones y 39 en contra, por lo que al no alcanzar aprobación por mayoría calificada, se eliminó
"Todos los propietarios de terrenos en el área urbana de la ciudad de México tendrán derecho a aprovechar el espacio edificable de sus predios de acuerdo a los índices básicos que establezcan los programas de ordenamiento territorial. La ley establecerá los mecanismos para adquirir derechos de edificación adicionales, los cuales se aplicarán prioritariamente en la zona de influencia", fue el uno de los párrafos eliminados.
En diciembre pasado, esta redacción había sido modificada para que no se mencionara el tema de recuperación de plusvalías, sin embargo el PAN anticipó desde el sábado pasado que volvería a votar en contra por considerar que seguía siendo "un impuesto disfrazado.
"Los desarrollos inmobiliarios de la ciudad estarán obligados a la compensación y mitigación de impactos urbanos y ambientales y a contribuir a mejorar el equipamiento, infraestructura y espacio público de la ciudad, especialmente en sus zonas de influencia, la ley establecerá los mecanismos administrativos, regulatorios y fiscales para ello, bajo un esquema de transparencia, rendición de cuentas y escrutinio público", decía el otro párrafo suprimido.
