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En la Asamblea Constituyente avanzó la eliminación del fuero para todos los servidores públicos y legisladores, con lo que de aprobarse en el pleno, éstos podrán ser juzgados como cualquier otra persona al cometer una falta administrativa o delito.
En la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades se aprobó por unanimidad las modificaciones al artículo 72 que refiere al tema; pero por la noche los diputados decidieron dejar su votación en el pleno para este jueves.
Según el dictamen, la eliminación de este trato especial abarcará a los funcionarios de la administración pública de la capital, incluido el jefe de Gobierno y el procurador de justicia; magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los diputados locales.
“Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero”, se lee en el artículo 72 que tuvo el apoyo de todas las bancadas.
El proyecto enviado por el jefe de Gobierno decía que los funcionarios tampoco gozarían de inmunidad, pero este término fue eliminado para evitar confusiones o interpretaciones equivocadas.
Armando Ríos Píter, presidente de la comisión y diputado del PRD, afirmó que la redacción no contradice el artículo 19 de la Constitución General de la República, sobre debido proceso.
Añadió que la intención es “acabar con la impunidad” de los funcionarios, que ostentan su cargo para no ser sancionados al cometer una falta administrativa o delito.
Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, aclaró que prevalecerá el fuero o inmunidad procesal establecida en la Constitución General de la República para el jefe de Gobierno y diputados locales en caso de delitos del orden federal.
Para delitos del orden común no habrá fuero y se tendrá que elaborar una ley que regule cómo se procederá en casos de delitos graves.
Jesús Ortega, diputado del PRD, dijo que la eliminación del fuero en la Ciudad deberá motivar al Congreso de la Unión a discutir la eliminación del fuero a nivel federal.
Se propuso además que los legis- ladores cuentan con inmunidad paralmentaria, es decir, que no podrán ser procesados por las opiniones que manifiesten en el desempeo de su encargo, con lo que se da garantía a su labor.
