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Respecto al hombre que disparó a unos asaltantes en una taquería el domingo pasado, en la colonia Narvarte, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no se trata de un “justiciero”, sino de una persona que sólo cumplía a cabalidad con su labor de guardaespaldas.
“Aquí no es un ‘justiciero’ del que hablamos, es una persona que estaba cumpliendo con una labor de guardia y custodia”, afirmó brevemente Mancera Espinosa en entrevista.
El sujeto que disparó a los ladrones acudió el viernes, de manera voluntaria, al Ministerio Público de la delegación Benito Juárez a rendir su declaración, en la que confirmó que es guardaespaldas certificado y que el día de los hechos cumplió con su trabajo de defender a sus patrones.
Además demostró que el arma con la que disparó está en regla y cumple con el permiso para portarla. Después de que el Ministerio Público tomó las declaraciones, el hombre se retiró, pues hasta el momento no hay delito en su contra, porque actuó conforme a su labor.
No obstante, las autoridades advirtieron al hombre que mientras dure la investigación no puede salir de la Ciudad de México, a lo que él accedió e incluso solicitó que se le permitiera seguir portando su arma, ya que es su herramienta de trabajo.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, publicada en 2005, en aquellas conductas que sean probablemente constitutivas de delito en las que intervenga personal de seguridad privada o elementos operativos o de apoyo, las empresas encargadas deberán informar al Ministerio Público y aportar los datos de que disponga para esclarecer los hechos.
En el capítulo 10, artículo 35, sobre las obligaciones y limitaciones de las personas físicas o morales que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, en caso de homicidio, los titulares de las empresas “deberán informar inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del probable responsable o imputado, de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que el Código Penal señala”. El guardaespaldas se presentó cinco días después de los hechos ante el MP.
En entrevista para EL UNIVERSAL, el especialista en Seguridad, Gabriel Regino, explicó que en caso de la colonia Narvarte no existe el tema de justiciero, pues el término justiciero está asociado a la venganza pública y en este caso ocurrió que un escolta defendió y ejerció la tarea en cumplimiento de un deber en legítima defensa, para lo cual está contratado.
“El término justiciero evoca a una justicia de propia mano que está prohibida por la Constitución, lo que pasó en la Narvarte no es un justiciero, es una legítima defensa, pero cuando se propaga en la opinión pública el concepto se mal interpreta y se incita a replicar el ejemplo”, explicó Regino.
“Además se presentó en el Ministerio Público y se deslindaron las responsabilidades”, comentó.
