Propone PAN nuevo régimen urbano-territorial

Tras considerar que el proyecto de Constitución de la Ciudad de México es bueno pero también perfectible, -en calidad de ciudadana- la diputada local del PAN, Margarita Martínez Fisher, presentó una iniciativa en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos.

En materia de desarrollo  urbano y ordenamiento territorial, planteó que serán objeto de gravamen las construcciones y demás formas de aprovechamiento del suelo y del espacio urbano, incluso cuando el uso de los predios sea distinto  de los  permitidos o haya subutilización y abandono de edificaciones por más de un año.

“El desorden en el desarrollo urbano y ambiental y la inversión inmobiliaria ocurridos en la capital ha resultado en una ciudad que se encuentra colapsada, donde la irritación social es cada vez más evidente. El desarrollo urbano está en una situación de desorden enmarcada en la corrupción. Para nadie es ajeno que existen pactos entre el gobierno  y  actores  privados  para  otorgar     beneficios  extra legales”, consideró.

En el último día de recepción de iniciativas ciudadanas en la Asamblea Constituyente, la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del órgano legislativo local insistió en la necesidad de que en la Constitución se establezca un nuevo pacto urbano-territorial, lo que en otros países es denominado como Reforma Urbana.

Para ello, propuso contar con un nuevo régimen urbano-territorial que establezca la forma de cómo se distribuyen entre el poder centralizado, las Alcaldías y otros órganos de carácter social, la regulación, gestión, evaluación y control del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la ciudad.

Se trata, explicó, de traducir beneficios del desarrollo urbano que tienen que ver con la plusvalía para mejorar territorios deteriorados o marginados a favor de la ciudadanía.

En entrevista, minutos antes de entregar la iniciativa, Martínez Fisher sugirió la creación de un Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como organismo técnico, autónomo y de participación ciudadana especializada y calificada, que encabece los procesos de elaboración de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la ciudad y la metrópoli.

Argumentó que las plusvalías deberán considerarse riqueza pública de la Ciudad de México, por lo cual serán gestionadas a favor del interés común y equitativamente de conformidad con el artículo 27.

ahc