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Representantes de 140 organizaciones civiles y colectivos ciudadanos llamaron a diputados de la Asamblea Constituyente a firmar un convenio, lo antes posible, para garantizar que se adopten las características de un parlamento abierto y así se fomente una mayor participación de la ciudadanía en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.
Las asociaciones, agrupadas en el Observatorio Ciudadano para una Asamblea Constituyente Abierta, dan seguimiento a los trabajos de la Asamblea Constituyente a través del funcionamiento de ocho comisiones “espejo” o equivalentes a las comisiones dictaminadoras.
En conferencia en la Plaza Tolsá, Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, afirmó que el observatorio tiene el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo de los diputados constituyentes.
“Se busca llevar el debate a la ciudadanía, estar pendiente de los trabajos que realizan y discutir en las calles, en las aulas y en el espacio público los contenidos, alcances y aspiraciones de la Constitución”, propuso.
Agregó que el observatorio también estará atento de los trabajos en la Asamblea Legislativa, donde los diputados locales tendrán que redactar las leyes reglamentarias de la Constitución.
Urgen convenio. Mucio Israel Hernández, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas local urgió a los constituyentes a suscribir el convenio de colaboración que permita que los principios de parlamento abierto estén inscritos en toda la dinámica de trabajo legislativo.
Una de las intenciones es que los 100 constituyentes publiquen sus declaraciones de posible conflicto de interés para conocer si hay motivos particulares que los diputados puedan sobreponer sobre el bien común a la hora de discutir el texto constitucional.
Durante la conferencia, el constituyente del PRD, Armando Ríos Píter, quien es presidente de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue el único en ofrecer que un representante del observatorio participe en la comisión con derecho de voz.
