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El día en que Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente de México, 104 personas fueron detenidas por la policía capitalina durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías en las inmediaciones del Centro Histórico y la Cámara de Diputados. Todos pasaron casi un mes en cárcel y después los declararon inocentes. Hoy —tres años y ocho meses después —, sólo la quinta parte de ellos (20) recibió una compensación económica del Gobierno de la Ciudad de México. Cinco más aún exploran ese planteamiento y el resto no quiere saber más de lo ocurrido.
“El caso del 1 de diciembre de 2012 es paradigmático porque abarca la quinta parte del total de recomendaciones, alrededor de quinientas, que este gobierno ha aceptado desde la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 1993. Nuestra intención es acercarnos a las 104 víctimas para cerrar el caso”, explicó en entrevista Juan José García Ochoa, días antes de dejar su cargo como subsecretario de Gobierno el 16 de agosto.
Oficialmente este suceso se denominó “Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012, durante la transmisión del Poder Ejecutivo federal y Palacio Nacional”. La indemnización a la quinta parte de los afectados se realizó el pasado 2 de mayo en una ceremonia privada, a petición de los afectados, en el Centro de Legalidad y Justicia ubicado en la calle de Paraguay.
El acto lo encabezó la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la dirección del Sistema Penitenciario enviaron a sus representantes, a pesar de que la comisión determinó en su recomendación 07/2013, que ambas instancias cometieron abusos.
Datos oficiales proporcionados por García refieren que la indemnización a las personas por daño material e inmaterial se calcularon con base en los derechos violados y el tiempo de estancia en prisión. Las cifras oscilaron entre 33 mil 945 y 248 mil 360 pesos por víctima.
El gobierno capitalino pagó a 20 agraviados 2 millones 664 mil pesos, de esa cantidad un millón 182 mil pesos fueron por daño material y por afectación inmaterial un millón 481 mil pesos. Los recursos salieron del presupuesto de la SSP y de la Dirección del Sistema Penitenciario, como lo determinó el equipo de trabajo multidisciplinario que se integró para diseñar el primer protocolo de reparación de daño en México bsado en estándares nacionales e internacionales.
La recomendación habla también de una disculpa pública como parte de las acciones para resarcir la afectación; sin embargo, ésta no se dio en aquel encuentro.
“Se les entregó un cheque y un documento donde se explica que el gobierno de la ciudad reconoce las violaciones de las que fueron objeto, se habla de una disculpa más no es propiamente una disculpa pública. La hemos dejado para el final, justo para cerrar estos procesos que tienen que consensuarse con las víctimas; buscamos legitimidad de más de 50% de los afectados”, justificó el ex funcionario.
La única disculpa pública que Mancera ha ofrecido personalmente (y en privado) ocurrió hace un año, a familiares de los jóvenes que murieron en la discoteca New’s Divine en 2008.
“No somos anarquistas”
Las vidas de Obet Palagot, Alejandro Sandino, Abraham Alonso y Alejandro Lugo Morán cambiaron drásticamente el 1 de diciembre de 2012 cuando fueron detenidos por el delito de ataques a la paz pública con el agravante de pandilla, con base en el polémico artículo 362 del Código Penal capitalino que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte.
Por esa acusación pasaron 27 días (excepto Abraham que estuvo nueve) en el reclusorio Norte y si quedaron en libertad fue gracias al colectivo de abogados que tomó su caso y acreditó su inocencia con cientos de videos de celular y de cámaras del C4 en los que se demostró que no estuvieron en el momento y lugar que la policía preventiva dijo al Ministerio Público.
Los cuatro jóvenes que cuentan su historia a EL UNIVERSAL dicen que tienen dos cosas en común: no son anarquistas y son estudiantes de carreras universitarias que suspendieron por estar en prisión. Ninguno ha solicitado la reparación del daño porque no terminan de cuantificar los daños y afectaciones sicológicas. Siguen participando como activistas en diversas marchas, pero lo hacen con miedo a ser detenidos nuevamente y de manera injustificada.
Obet, que estudiaba Biología, recuerda que “ese día protestábamos porque los granaderos estaban golpeando a tres jóvenes y en la corredera me agarran porque ayude a alguien que se había caído”. El momento fue retratado por Alejandro Sandino, alumno de Ingeniería, quien tomaba video en ese instante. “Es que al ver la violencia de los policías se me encendió la sangre”, contó. Los dos fueron trasladados a la agencia 50 del Ministerio Público donde conocieron a Alejandro Lugo, un estudiante de Derecho que prestó su celular a casi todos para contactar con sus familiares.
Lugo asegura que su detención ocurrió por mera discriminación, porque los policías centraron su atención en sus largas rastas y la ropa oscura y rasgada que llevaba puesta. “El 9 de diciembre, cuando apenas había terminado la administración de Marcelo Ebrard y Mancera ya estaba en funciones, nos informaron que estábamos acusados de ataques a la paz pública. Que eran como 45 años de cárcel y que debíamos aceptar que éramos anarquistas pagados para destruir la ciudad. Pero no era cierto”.
“Tampoco somos vándalos”, interrumpe Sandino durante la conversación, “yo salí encabronado de la cárcel, ¿27 días encerrado por tomar fotografías y que me tachen de vándalo por el sólo hecho de protestar? ¡Porque a quienes protestamos ese es el calificativo que nos pone la gente!”, expresa con indignación.
Aunque Abraham tuvo mejor suerte, sólo permaneció nueve días detenido, eso no lo eximió de cargar con el estigma de ex convicto, pues al poco tiempo perdió su trabajo de profesor.
Cuando Obet sale su familia le ruega no asistir a protestas, él les responde que no lo hará, pero la realidad es que no dejará de hacerlo, porque dice que es una forma para superar el miedo.
Alejandro Sandino maneja la situación diferente, cada vez que sale a una marcha se despide de su mamá como si fuera la última vez. “No puedo dejar de apoyar, aunque me llamen huevón por el sólo hecho hacerlo”.
“Es porque tenemos más conciencia que antes. Por eso esperamos que las autoridades cumplan en su totalidad con la recomendación y que más que una disculpa y una cantidad de dinero nos ofrezcan garantías de que no se repetirán esos actos por parte de la policía, porque hasta hoy ningún policía ha sido sancionado por sus abusos de aquel día”, asegura Lugo.
El ex subsecretario García Ochoa reveló que en respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos la SSP determinó que 26 policías del operativo de #1DMX , serían acreedores a una sanción: 15 mediante correctivos disciplinarios aprobados por la comisión de asuntos internos de la corporación y 11 más a través de procedimientos administrativos.
El detalle de tales acciones no se entregó, aunque hay un dato relevante: dos elementos no recibieron ninguna sanción porque uno murió y otro presentó su renuncia.
Disculpa pública en suspenso
Desde abril pasado el hecho de ofrecer o no una disculpa pública para resarcir moralmente a las 104 víctimas generó expectativas. Por eso este grupo de jóvenes se pregunta si las autoridades realmente la darán. “A ninguno de los 104 se les pudo comprobar su pertenencia a un grupo político”, respondió el abogado David Peña de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. “Ninguno se definió como anarquista ni como antiautoritario. El hecho de si pertenecen o no al anarquismo estaba siendo usado, y sigue siendo usado hasta la fecha, para criminalizar a las personas”, afirmó.
“El trasfondo es que no vemos clara la disculpa pública. Parece que la postura real es ‘ya acepté la recomendación de derechos humanos, estoy trabajando en la reparación del daño material. También acepté que me tengo que disculpar; si me obligan, lo hago; si no —en el más puro ejercicio de gobierno— me hago güey’”, concluyó el abogado.
