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La Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) atraviesa “una de las peores crisis” para lograr reinserciones sociales eficaces debido a que no han sido otorgadas partidas presupuestales “esenciales” para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Integral para Adolescentes en la Ciudad de México.
Un informe de actividades del primer semestre de la DGTPA, adscrita a la Subsecretaria del Sistema Penitenciario y dependiente de la Secretaría de Gobierno de la capital del país, revela que esta dirección sólo tiene autonomía para ejercer 5.3% de los recursos y atender los requerimientos de las comunidades, ya que 74% del presupuesto está destinado a la partida 1000, que agrupa las remuneraciones del personal.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, comentó que la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, definió tres líneas de acción para mejorar dichos centros.
El primer punto, dijo, es tramitar mayores recursos ante la Secretaría de Fiananzas para atender los requerimientos en materia de infraestructura penitenciaria; “también instruyó tener una mayor relación e interacción con los jóvenes internos y sus familias, garantizándoles un trato digno”.
El último punto que se planteó es trabajar en el proceso de reinserción de los jóvenes para que tengan las herramientas que les permitan enfrentar la vida en libertad y no reincidan.
El documento remitido a la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, que preside la diputada Rebeca Peralta, advierte sobre el deterioro que prevalece en los inmuebles y el mobiliario de cada uno de los tutelares para menores.
Evidencia que las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y estructurales están dañadas, el circuito cerrado es obsoleto, hay deterioro en el mobiliario (sillas, mesas, pizarrones, pupitres y escritorios) y precariedad de otros recursos como aulas, computadoras y el equipamiento propio para cada actividad educativa, cultural o socio laboral.
Entre otras cosas, la DGTPA es responsable de ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento que se impongan a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, además de garantizar el respeto de sus derechos humanos y de sus familias.
El informe que fue solicitado hace días por parte del órgano legislativo da muestra de la necesidad que tiene la dirección de recibir recursos adicionales para realizar reparaciones y acciones de mantenimiento en todos los centros. Por ejemplo, detalla, no se dispone de partidas para adquirir medicinas o productos farmacéuticos ni tampoco para acciones de limpieza.
De hecho, el documento muestra que cada una de las seis comunidades de adolescentes que hay en la ciudad requiere instalaciones más ajustadas al modelo de justicia; es decir, que los adolescentes no vivan en condiciones precarias y discriminatorias que dificulten la sana y pacífica convivencia.
Por esta situación, en el informe se propone un programa para la dignificación de espacios que contempla incluso la creación o acondicionamiento hasta para la visita íntima.
Asimismo, se considera imprescindible la creación de un “Centro de Detención” para atender a quienes fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia para que un Juez de Control verifique su situación.
