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A poco más de medio año de que inició sus trabajos, el grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México ya cuenta con el borrador que en los próximos días será entregado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
En el documento hay figuras jurídicas como la revocación del mandato, que se implementará por primera ocasión en una entidad del país.
El consejero jurídico y encargado de coordinar estos trabajos, Manuel Granados, dice a EL UNIVERSAL que se establecieron reglas básicas para su aplicación, tales como que se pueda aplicar de la mitad en delante de la gestión pública de un servidor y que para destituirlo o quitarlo de su puesto se requiere el mismo número de votos con los que accedió al cargo, “porque de lo contrario se puede utilizar como un método de ajustes o revancha política.
En su oficina del tercer piso en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde cuelgan “como todo jurista” la imagen del ex presidente Benito Juárez, y la del mandatario capitalino, asegura que la Carta Magna será “progresista, de vanguardia, moderna y que ve a futuro, pero sobre todo muy social”.
Sentado en uno de los sillones de piel negra que decoran su oficina y tras desayunar una toronja con queso cotage y bolearse los zapatos, Manuel Granados precisa que en el tema de los derechos sociales no se dará marcha atrás, principalmente en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, luego del debate que se ha dado a nivel nacional. Cuando se le pregunta sobre la ampliación a los derechos políticos de los jóvenes, para que los capitalinos puedan participar en la toma de decisiones a partir de los 16 años, afirma que la intención es que este sector de la sociedad pueda ayudar en la definición de la ciudad a futuro. Incluso advierte que puede ser la puerta para que un tiempo no lejano se pueda bajar la edad para votar.
Refiere que la construcción de la Constitución de la CDMX ha sido un proceso muy enriquecedor, en el que representantes de los diversos sectores de la sociedad tuvieron una participación activa sobre los 17 grandes temas o capítulos que tendrá.
“Como ha dicho el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no es un proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno, es un proyecto de Constitución que han participado más de 500 mil ciudadanos a través de las diversas plataformas digitales”, precisa.
¿Cómo está articulada la Constitución de la Ciudad de México?
—Una Constitución no puede dejar dos partes esenciales, que son los derechos fundamentales y la estructura del poder público. No puede haber otro planteamiento que no contengan estos dos grandes apartados o rubros.
Se le ha dado mucha preferencia a los derechos de la ciudad.
¿Qué se está garantizando en los derechos de la ciudad?
—Lo que tiene que ver primero con este amplio reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Cómo generas esta inercia de temas específicos que la ciudadanía te pide, como el combate a la corrupción. Cómo generas un combate frontal a la corrupción cuando en el pasado no tienes atribuciones para legislar en materia de corrupción, de procuración de justicia, de seguridad pública que eran materias reservadas al congreso federal y que hoy pasaran al congreso local que hoy conocemos como Asamblea Legislativa.
Ahí participó mucho Mauricio Merino, y propone el derecho a la buena administración, que es cómo generas este cambio de pasar de que sólo el ente público se conduzca con tales o cuales principios a hacer exigible que los ciudadanos puedan reclamar ese derecho.
En el tema de la 3 e 3, la Ciudad de México es el único ente público donde se generan condiciones de obligatoriedad para que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial, de no conflicto de intereses y la fiscal, eso es muy importante porque el resto de los entes públicos del país no están en esa ruta.
Este es uno de los ejes fundamentales de la Constitución, el combate a la corrupción.
La protección al medio ambiente es otro gran rubro, cómo generas tú la accesibilidad al derecho al agua y que no haya privatización.
La protección a los derechos de los animales que también a través de los ciudadanos se ha generado esta corriente, la protección de las personas LGBTTT, lo que tiene que ver con la decisión a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
¿Aquí se garantiza el derecho al matrimonio entre las personas del mismo sexo?
—Lo importante es que la construcción se da con base en lo que la propia corte ha determinado como un principio de progresividad, ningún derecho puede ser regresivo.
Es una de las luchas que ha dado la ciudad, por eso se nos distingue en términos de libertades, al final del día no podemos ir en contra de la no discriminación o de una vida libre de violencia para las mujeres o de esquemas que tienen que ver como lo ha hecho la administración del doctor Mancera, en proteger una amplia red de seguridad para la niñez, desde la Ley de Primera Infancia, la cartilla de 0 a 6, lo que tiene que ver con todos estos programas que han sido exitosos y que tienen que ver con su universalización en el marco normativo local.
¿Cómo plantean la organización administrativa de la CDMX?
—En ese sentido hay que recordar dos cosas fundamentales que vienen ya derivadas de la Reforma Constitucional. Primero la hacienda única y el mando único, que son temas que desde la reforma constitucional están.
Otro punto que no hay que perder de vista que hay una limitante constitucional, para el tema de alcaldías, los municipios tienen como marco constitucional que tienen que observar el artículo 115 constitucional y de ahí vienen toda la gama de atribuciones para los municipios del país, para el caso de las alcaldías la limitación que tenemos es el artículo 122 constitucional, en términos de organización.
Debe haber una coordinación importante, institucional entre los diversos niveles u órganos de gobiernos con las alcaldías, el contrapeso que se busca en términos de la toma de decisiones con los concejales hará que de manera plural y democrática se tomen las decisiones en torno a la eficiencia del gasto público a la ejecución de la política pública y de la obra pública.
¿Cómo van a estar organizadas?
—El alcalde será el titular de lo que hoy conocemos como delegado y los concejales serán este órgano colegiado que forme la alcaldía junto con el alcalde y que de manera colegiada tomen las decisiones.
¿Serían un símil de síndicos?
—La integración es por planilla y de acuerdo al porcentaje de votación que obtengan los partidos políticos.
¿En este caso ellos no van a cobrar impuestos?
—La hacienda es única, tendrán que ponerse de acuerdo en una ley secundaria sobre el esquema de distribución, cuál es la fórmula de distribución del ingreso y eso ya dependerá del esquema que plantee la ley de la materia en torno al ingreso y la fórmula de distribución del egreso.
¿Cómo van a quedar los órganos autónomos, se mantienen o se le reducen facultades?
—En ese tema en específico ha quedado claro que no puedes generar más burocracia, más entes públicos. Todo mundo dice quiero ser autónomo, cuando hoy vemos una realidad también, ese es mi punto de vista muy personal, hoy vemos como el ejecutivo y las dependencias que lo integran tenemos limitaciones de todo tipo, presupuestales, salariales de austeridad, no así los órganos autónomos que siempre tienen la justificación de que nosotros decidimos cuántos recursos y qué hacemos con nuestros recursos, cuánto ganamos y si nos sometemos a un esquema de transparencia.
Entonces, si no estamos en un nivel diferente de organización administrativa de la ciudad, yo no estoy de acuerdo en que haya esquemas diferenciados de los entes públicos.
¿Pero en la propuesta constitucional cómo viene?
—Se van a tener que ajustar al tema de la buena administración.
¿Es decir, rendición de cuentas ante quién o qué entidad?
—Pues ante la ciudadanía no…
Eso es muy general, ¿ante quién deben rendir cuentas, ante el jefe de Gobierno, la Asamblea…?
—Todos estamos obligados a conducirnos con esquemas de atribución y todo esto pasa por las contralorías, por la Auditoria Superior de la Ciudad de México.
Esto ya sucede, cuál sería el cambio. Es algo que cuestiona de los órganos autónomos.
—Bueno hay quienes se amparan… Cuando tú tienes en una norma superior, un tema de generar condiciones de obligatoriedad para que los entes públicos se ajusten a ello, lo tendrán que hacer.
¿Habrá mayor control sobre los órganos autónomos?
—La buena administración implica todo un bagaje de obligaciones, el 3 de 3 será obligatorio. Tenemos leyes generales que tenemos que homologar, la Ciudad de México con la Ley General, transparencia, por ejemplo. Ya no hay forma que los entes públicos digan no, porque ya es una ley federal que obliga a que homologuemos nuestras normas a esos procesos.
Ellos tendrán la obligación constitucional de cumplir. Si no lo aceptan hay un marco de responsabilidades de los servidores públicos y ahí hay responsabilidad administrativa y en algunos casos hasta de tipo penal.
¿Cómo plantean la ampliación de los jóvenes en la vida política?
—Por un lado la Constitución federal dice que la ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años, y la obligación del ciudadano es votar y ser votado. Sí está bien, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, el derecho político no necesariamente está ligado a eso.
¿Entonces la participación de los niños o de los jóvenes en las tomas de decisiones de presupuesto participativo para ver si quieren un parque o una escuela o una biblioteca?, ¿les vas a negar su derecho político?
¿Sería una ampliación de derechos políticos?
—Claro, ese es el tema, no es un reconocimiento a la disminución de la edad para obtener la mayoría de edad, no es un reconocimiento de la disminución de edad para que sean sujetos a proceso penal.
Eso no se toca, es el reconocimiento político en los procesos locales que incluye el referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, incluso que pudieran estar en los procesos locales de las autoridades.
¿Qué tipo de autoridades locales, Asamblea, delegados, jefes de gobierno?
—Revisemos.
¿Pero qué se va a revisar, porque hay quienes dicen que no a la aplicación de esta propuesta?
—Los procesos locales de consulta están dados, esos no nos pueden decir que son inconstitucionales y eso tiene que ir porque tiene que ir. Dónde habrá controversia y debate, es justamente en lo otro en la elección de las autoridades locales.
Entonces estaríamos hablando de concejales, diputados locales y jefe de gobierno…
Qué dirían los opositores: es que el esquema democrático nacional es hasta los 18, si nada más que las políticas públicas son de futuro… voy al ejemplo de Inglaterra con el Brexit, la gran fuerza de adulto mayor dijo no, vámonos de la comunidad europea, y los jóvenes votaron a favor.
Si hubieran votado los de 16 ganan, a quién le va a aplicar la política pública en los próximos años, a los jóvenes.
¿En este esquema de participación ciudadana se integra a la Constitución local la revocación de mandato y bajo qué esquemas?
—Aquí es muy claro, nada más que la fórmula democrática que te quite no puede ser menor a la que te ponga. Si fuiste electo por 10, no vas a salir por dos, porque entonces aprovechamos la otra, de quienes digan o aprovechen políticamente para sacar a alguien de su puesto.
Se ha logrado que hasta hoy en el acuerdo que sea a la mitad del periodo. No es de que por capricho alguien venga y diga me someto a la revocación de mandato.
Los requisitos democráticos de elegibilidad para hacer factible una revocación habrán de ser muy similares a los de una elección, es decir, que quien te quite sean los mismos que pusieron.
Es decir que, ¿con el mismo porcentaje con el que ganas una elección te puedes ir?
Con ese mismo porcentaje te tienes que ir.
Se dice que al Tribunal Contencioso y Administrativos se le quiere dar facultades para sancionar
—Se ha planteado crear una Sala Constitucional que permita hacer exigibles los derechos que plasmas en la Constitución, esa es la ruta que se va a generar.
¿No se va a generar más burocracia de la que ya hay?
—No porque el planteamiento que se hace es que quienes ya fungen creen una Sala Constitucional.
¿Quiénes integrarían esa sala?
—Los que tienen que ver con el ámbito jurisdiccional son los que integrarán la sala. Es un órgano donde hagas valer tus derechos, es decir ya tengo una constitución local, a dónde puedo hacer exigibles esos derechos, en la sala constitucional, sin menoscabo de los juicios de amparo o los juicios de garantías que es un derecho.
¿Cómo calificarías este proyecto de la constitución?
—Sin duda es una constitución progresista, de vanguardia, moderna, de futuro, es una constitución muy ciudadana, muy social porque ha sido integrada con las aportaciones por todos los grupos sociales que han estado inmersas en su construcción, por personalidades que tienen una gran experiencia.