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La delegación Cuauhtémoc tiene un peligro latente con el registro de casi 700 inmuebles en riesgo a punto de colapsar y que, al estar catalogados como históricos, hace imposible su rehabilitación, poniendo en peligro la integridad de miles de familias.
El 80% de los predios están ocupados. Hay inquilinos que como renta congelada pagan 800 pesos al mes, aunque la mayoría no deroga ni un sólo centavo. Sólo pagan gas, porque de los servicios de luz y agua viven gratis.
Un análisis elaborado desde hace ocho meses por la Dirección de Protección Civil de la Cuauhtémoc, a cargo de Cinthya Murrieta, y del que EL UNIVERSAL tuvo acceso, revela que estos predios están clasificados en riesgo alto, medio, bajo, e inminente.
La mayor problemática se vive en la zona Centro de la Ciudad, considerada Perímetro A, pues tan sólo en las cinco Unidades Territoriales se contabilizan por lo menos 227 en alto riesgo con vecindades y edificios con bóvedas catalanas de hace más de 100 años.
Hay inmuebles catalogados por los Institutos Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Nacional de Bellas Artes (INBA) a los cuales no se les puede llevar a cabo algún tipo de modificación, aunque ello ponga en peligro la vida de seres humanos.
Murrieta admite que la delegación está enfrascada en una situación grave, está atada de manos. Pese a las condiciones en riesgo en que habitan miles de familias, la Cuauhtémoc no está facultada para desalojarlas, caería en la ilegalidad y sería sancionada.
Hace unos días, se entregó al Gobierno de la Ciudad este Análisis de Predios en Riesgo, con miras a que, de la mano de las autoridades correspondientes, se puedan ofrecer alternativas. Hasta el momento se cuenta con el censo de las edificaciones con amenaza de venirse abajo, pero se desconoce la cifra de personas que las habitan.
“Yo no puedo desalojarlos y mientras el gobierno de la Ciudad siga permitiendo que las organizaciones invadan predios, seguiremos con esta problemática y se necesita verdadera voluntad política”, asegura la directora general de Protección Civil. Lo único que puede hacer la Cuauhtémoc para amortiguar el peligro son obras de apuntalamiento, retiro de escombros o ayuda temprana en caso de sismo o lluvias fuertes.
Sin embargo, reconoce tendría que tener una cuadrilla que esté verificando diariamente que no se meta la gente. El área a su cargo tiene que estar alerta ante la presencia de cualquier fenómeno natural, particularmente los hidrometeorológicos que representan un peligro mayor, más que un temblor. Mientras, muestra el mapeo que denota la complicada situación que atraviesa Protección Civil, advierte que no es una cuestión de colores ni partidista, sino de que el gobierno no se quiere meter en problemas.
Y aunque no lo acepta como un reto, para no generar susceptibilidades, invita a todas las autoridades involucradas (Gobierno capitalino, Autoridad y Fideicomiso del Centro Histórico, INAH, INBA, Obras) a llevar a cabo un primer recorrido por estos inmuebles.
Históricos, pero inseguros.
Son edificaciones de más de 130 años, construidas con muros de carga, de tepetate amarillo, algunos son de adobe recubiertos con piedra volcánica, que se conoce como piedra braza, material de origen volcánico. Las techumbres son de terrado y rueda catalana que por los años se agrietan y desploman por falta de mantenimiento.
En un recorrido por la zona, este diario constató que la mayor parte de las vecindades están con puntales deteriorados y que ante la caída de una lluvia torrencial acompañada de granizo es posible que se desplomen los techos.
Muchos son invasores que tienen 30 o 40 años viviendo ahí, que no se quieren salir porque sencillamente no tienen a donde irse. Por años, han tratado de incorporarse a un programa con el Instituto de Vivienda pero por diversas circunstancias siguen esperando.
Con seguridad, afirma que la Cuauhtémoc está preparada para intervenir. En una primera etapa, se cuenta con un proyecto para remodelar estos edificios pero no se podrá llevar a cabo mientras haya gente viviendo ahí.
Los inquilinos no están dispuestos a abandonar sus casas, aunque están a punto de caer y pese a que en temporada de lluvias tienen que soportar una gran cantidad de goteras. Argumentan que ahí está su vida, que son como familia y que el cambiarse de domicilio implica una experiencia nueva que no quieren pasar. Lamentablemente, la mayoría está conforme y renuente a desalojar.
“Gracias a Dios, estamos bien”
Es la mañana de un día cualquiera, en la calle de República de Perú Número 8 y Eje Central. Una fuga de agua, nubes de moscas y un baranda que se menea de un lugar a otro, refleja la precariedad en que viven, por lo menos, cinco familias.
De pronto, sale una mujer de la tercera edad a quien no le interesa dar su nombre. Lleva bastón y sin agarrarse de un barandal flojo que se menea horizontalmente desciende de las escaleras.
El frío que desprende este predio es real, hay vidrios rotos, puertas y cornisas deterioradas, grietas, basura, fugas de agua, charcos, pero aún así los inquilinos afirman que “están bien”. En este inmueble nadie paga renta.
Un inmueble en Eje Central, esquina Perú, este año registró colapso en una cornisa y mató a una muchacha. Sólo se pudo tapiar, pero nadie pudo intervenir porque aún están viviendo cinco personas y se rehúsan a salir. El edificio no tarda en caer, pues aunque se puedan poner vigas, éstas no garantizan la salvaguarda de las personas.
En República de Argentina número 58, entre Colombia y Bolivia se observa un edificio con pérdida casi total de su estructura, cubiertas, muros divisorios y de carga con grave riesgo de colapso. Se trata de un edificio con Valor Histórico, catalogado por el INAH y en el cual, como muchos otros no se puede avanzar porque el INBA exige se mantengan las fachadas.
Aún así los inquilinos no están dispuestos a irse, son 30 años viviendo en estas condiciones, años en los que han invertido para la adquisición de plásticos o ladrillos para evitar que la techumbre se venga abajo. Años en los que sus hijos se han enfermado, pero que admiten con serenidad que a eso y más “están acostumbrados”.
