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phenelope.aldaz@eluniversal.com,mx
Ante el inicio de las campañas para la elección de la Asamblea Constituyente, la Contraloría General de la Ciudad de México iniciará operativos aleatorios para verificar que las dependencias de gobierno cumplan con las disposiciones electorales. Las revisiones se harán a través de las Contralorías Internas mediante auditorías, revisiones, visitas e inspecciones.
Además, dos días antes de la elección, se constatará el resguardo de los vehículos y aparatos de comunicación oficial, para lo cual las direcciones generales de Administración u homólogas deberán entregar a las Contralorías Internas y Contraloría General dichos resguardos a más tardar a las 21:00 horas del 3 de junio.
La contraloría también atenderá quejas y denuncias por probables irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos, relacionadas con el proceso electoral.
Para ello, habilitó el número telefónico 5627-9700, con las extensiones 50224, 50229, 50231, 5210 para notificar irregularidades cometidas por funcionarios públicos. También se podrá hacer uso del Sistema de Denuncia Anónima 089 y por correo electrónico a la dirección quejasydenuncias@contraloriadf.gob.mx.
Destacó que las medidas se aplican según el “Acuerdo por el que se establecen las obligaciones y prohibiciones que deberán observar las personas servidoras públicas de la CDMX”, publicado el 15 de abril.
La dependencia indicó que el documento puntualiza diversas obligaciones y prohibiciones que deberán atender los servidores públicos de la administración pública local durante la campaña y jornada electoral del 18 de abril al 5 de junio, respecto del uso de recursos públicos, financieros, materiales y humanos, así como en acciones relativas a propaganda gubernamental, programas sociales, ejercicio de la función pública, redes sociales y el desarrollo de actividades públicas.
Mediante un comunicado la Contraloría General capitalina, que dirige Eduardo Rovelo Pico, precisó que sólo conocerá exclusivamente de actos u omisiones de servidores públicos de la Ciudad de México que infrinjan las disposiciones aplicables.
