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Ante el inminente riesgo de una recesión económica en nuestro país y las diferencias entre crecimiento y desarrollo económico expresadas por el gobierno federal, vale reflexionar sobre la efectividad de la política social, su contribución al desarrollo de México y los retos y las oportunidades en su diseño y ejecución.
En principio, es de señalar que la presente reflexión no pretende minimizar los análisis sobre un tema complejo que ha merecido estudios, artículos y debates multidisciplinarios, todos enriquecedores. Por el contrario, busca despertar el interés y la invitación a la crítica constructiva.
Actualmente la economía mexicana es parte de un contexto adverso caracterizado por la incertidumbre en el que la potencial recesión económica representa un freno para la generación de empleos permanentes y, con ello, para la oportunidad de generar riqueza en los hogares.
En México, la política social ha estado supeditada al crecimiento económico y no al revés; es decir, es necesario crecer primero para después fomentar un estado de bienestar. Ante este contexto, el fomento del desarrollo económico luce complejo debido a que la efectividad de la política social ha sido marginal. Si bien ha logrado reducir marginalmente carencias en alimentación, vivienda, educación y salud, éstas no se han traducido en la generación de condiciones de autosuficiencia que permitan a las familias abandonar el estatus de precariedad.
En este sentido, los retos del gobierno federal radican en abatir la precariedad de los ingresos, fomentar la baja generación de empleos permanentes formales y fortalecer los canales de coordinación del andamiaje institucional en los tres órdenes de gobierno.
Ante ello, debe observarse que el diseño y la implementación de la política social es competencia de los gobiernos, pero más aun, es responsabilidad de los ciudadanos someterlas a la evaluación, pero no basados en juicios derivados de consultas populares, sino en el debate y en el análisis que brinde argumentos sustentados empíricamente y con respaldo científico y tecnológico.
En términos generales, las evaluaciones son instrumentos técnicos que examinan la existencia, el seguimiento y las áreas de mejora de los requerimientos mínimos de planeación y ejecución en los programas públicos. Su finalidad radica en garantizar que el ejercicio fiscal se lleve a cabo de forma eficiente, eficaz, transparente y económica.
Adicionalmente, se busca que cada programa tenga un objetivo o necesidad definido de manera sencilla y clara, producto de un estudio minucioso de las necesidades estructurales y en concordancia con el marco jurídico expresado en el Plan Nacional de Desarrollo; lo anterior, con la finalidad de evitar que el ejercicio de dinero público sea discrecional y no contribuya al desarrollo de las necesidades del país.
No obstante lo anterior, aún existen retos importantes en su implementación, entre ellos destacan un mayor acompañamiento al Coneval, órgano que ha sido fundamental para dotar de imparcialidad sus resultados al contar con autonomía técnica y de gestión para garantizar la objetividad en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales ejercidos con dinero público, por parte de la sociedad civil y de la iniciativa privada con el objetivo de promover una cultura del escrutinio riguroso y confiable de la administración pública.
El gasto público destinado a la evaluación de la política pública es insuficiente, además de que el gobierno no puede ser juez y parte en el diseño de instrumentos de evaluación. Por esta razón es necesaria la figura del consultor externo y su experiencia probada en estudios de consultoría que permiten realizar diagnósticos, diseños de política, evaluaciones, así como análisis macro y sectoriales, más no para fungir como un legitimador de la política instrumentada, sino como una verdadera figura propositiva de metodologías que brinden además de certeza, objetividad y transparencia, las herramientas necesarias para robustecer la toma de decisiones.
México, en materia de evaluación de política pública, afronta varios retos, empezando por el de evitar la figura de legitimador del gobierno, al igual que el de modificar la parsimonia que brindan las actuales metodologías estandarizadas. El desafío se encuentra en renovar dichas metodologías ya rebasadas por la diversidad de programas públicos, así como en impulsar su aplicación más allá del terreno federal y trasladarlo al estatal, el cual, en muchos casos, es aún incierto.
La oportunidad de dejar atrás las políticas asistencialistas y clientelares del gobierno se encuentra en el correcto diagnóstico de nuestra economía para así formular instrumentales de política oportunos que, mejorados mediante la evaluación externa, contribuyan al verdadero desarrollo económico del país.
Vicepresidente de Consultores
Internacionales SC.
