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Una política pública en materia de vivienda va más allá de contar con un techo en dónde vivir. Implica un ejercicio de planeación urbana, de ejecución de instrumentos y de mecanismos orientados a cumplimentar la responsabilidad del Estado mexicano: generar las condiciones suficientes para que la ciudadanía goce del derecho a una vivienda digna y decorosa.
En México, el derecho a la vivienda adecuada está amparado por un marco jurídico nacional e internacional, partiendo del Artículo 4° Constitucional y del Artículo 3° de la Ley de Vivienda.
Adquirir una vivienda se logra principalmente a través de un crédito, un subsidio o la autoproducción. Al respecto, si bien, hay grandes esfuerzos aún por realizar, lo cierto es también que se han logrado grandes resultados en la materia. Tan sólo desde 1972, año en que se funda Infonavit, hasta 2018, se logró otorgar más de 10 millones de créditos. Conavi, por su parte, entregó cerca de un millón de subsidios entre 2013 y 2018, de los cuales dos terceras partes fueron para adquisición de vivienda nueva y el resto para mejoramiento, ampliación, construcción, lotificación, principalmente.
Lo cierto también es que un crédito hipotecario sólo es viable para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, por lo que no es sorprendente que los subsidios se hayan centrado en entidades como Nuevo León y Jalisco. Un posible efecto de esto es la autoproducción: datos de la ENVI de 2014 indican que ésta representa 64.2% de la producción de vivienda en el país y se acentúa en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, en donde habita el mayor número de ciudadanos en condiciones de pobreza extrema.
El Coneval estima un rezago habitacional en más de 14 millones de viviendas en el país, y el bajo ingreso familiar es uno de los principales factores asociados. Bajo este contexto y en tiempos institucionales, es en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales, especiales y transversales, que la política de vivienda debe concebirse desde un principio de inclusión social, de eficiencia económica y de protección ambiental, así como de la promoción de viviendas asequibles y sostenibles.
La política de vivienda debe ser multidimensional, integral y de largo plazo; además, debe contemplar en su construcción elementos tales como las diferencias y necesidades regionales, la planificación de desarrollo urbano de infraestructura en comunicaciones, la maduración y la diversificación del mercado inmobiliario, la formalidad del mercado laboral, el ordenamiento territorial y la certeza jurídica en la tenencia de la vivienda, la garantía en la transversalidad de acceso a los derechos sociales y, en particular, del adecuado andamiaje institucional de la Sedatu y de los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis): Conavi, Infonavit, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal.
Hasta ahora, dicha política se encuadra en el Programa de Vivienda Social 2019 que busca promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. No obstante, la viabilidad financiera para garantizar el mandato constitucional y el andamiaje institucional de los Onavis debe adaptarse a cumplir con este enfoque.
Financieramente, y ejemplificando el Plan Financiero 2019-2023 del Infonavit, es importante monitorear que las medidas de recaudaciones, amortizaciones e intereses, así como el aumento en la eficiencia de los ciclos de recaudación, fiscalización y auditoría, estén mejor orientadas para asegurar el mandato constitucional considerando una aportación patronal de 5% del salario del trabajador.
Institucionalmente, el gobierno federal experimenta una transformación organizacional y los Onavis no son la excepción. El cambio involucra la arquitectura orgánica y operativa, incluyendo la aplicación de metodologías orientadas a resultados, especialmente de planeación y de evaluación estratégica, que midan su desempeño. Justo en el PEF 2019 se establece que Conavi ejercerá recursos para la operación de tres programas presupuestales, a saber: Programa para Vivienda Social, Programa de Mejoramiento Urbano y Programa Nacional de Reconstrucción; esto implica cambios, restructura en la operación de recursos, todo en favor de millones de mexicanos que demandan un hogar.
Con esta línea de política pública es que México, en un contexto de rezago habitacional, buscaría adaptar su política de vivienda con un enfoque holístico, regional, entendiendo que esto es pieza clave en el del desarrollo económico y social del país. Una política de vivienda adecuada deriva en bienestar para todos.
