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En días pasados, dentro del 40º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se abordó el resultado del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizó a México, proceso que además de evaluar la situación que guardan los derechos humanos en el país y el cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia, brinda la oportunidad de evidenciar las medidas que se han adoptado para mejorar y atender este ámbito.
Si bien el Estado mexicano aceptó las recomendaciones contenidas en el EPU, lo cierto es que el compromiso de nuestro país con el respeto y promoción de los derechos fundamentales no puede limitarse a la solución de acciones u omisiones pasadas. Debe ser una constante, que permee todos los órdenes y niveles de la actividad estatal, y que bajo un principio de integralidad y coherencia, vea hacia el pasado, se materialice en el presente y se proyecte hacia el futuro. Fue en relación a este punto, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) centró su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
“Las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Trabajo del EPU el pasado 9 de noviembre, constituyen la pauta para que México cumpla sus obligaciones en esta materia. Exhorto al gobierno mexicano a establecer medidas que garanticen la implementación de todas las recomendaciones aceptadas y de las 3,200 recibidas de diversas instancias internacionales. La elaboración de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos ofrece una gran oportunidad para ello.
En los tres ciclos del EPU, el tema Justicia, Seguridad y Estado de Derecho ha motivado múltiples recomendaciones dirigidas a México y actualmente, es objeto de preocupación. Recientemente, el Congreso mexicano aprobó un mando civil para la Guardia Nacional, así como un plazo de 5 años para la salida de las fuerzas armadas de las tareas vinculadas a la seguridad pública. Es preciso que las leyes reglamentarias no propicien que su influencia se expanda a otros ámbitos ajenos a los que les son propios y que su conducta tenga siempre como parámetro el respeto a los derechos humanos. La seguridad requiere un enfoque integral, no sólo medidas reactivas sustentadas en el uso de la fuerza.
Es fundamental garantizar la plena independencia de las 33 Fiscalías de Justicia del país a efecto de que los delitos efectivamente se investiguen y la ley se aplique. Los índices de impunidad son inaceptables y su existencia incentiva que continúen los casos de desaparición, las agresiones contra mujeres, así como de personas defensoras y periodistas.
Preocupan también las decisiones recientes del Gobierno federal que pueden afectar los derechos de las mujeres y de la niñez, así como de los derechos de las personas con discapacidad, pues la desaparición de la instancia encargada de su protección contravendría las obligaciones de México con la convención de la materia. Debe trascenderse la visión asistencialista para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos que hagan que éstos puedan ser vigentes y las necesidades de las personas se atiendan.
México requiere consolidar su institucionalidad democrática presentando el sistema constitucional de pesos y contrapesos. Es preciso respetar el disenso y superar los discursos que puedan polarizar a la población. Se deben tender puentes hacia la sociedad civil, la academia, los organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, así como con las víctimas, que requieren ser escuchadas y atendidas”.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
