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La mayor parte de las decisiones que tomamos los seres humanos, en lo individual y colectivo, parten de la información con la que contamos. Los Estados requieren información especializada para anticipar, prevenir y neutralizar situaciones que pueden poner en riesgo a sus habitantes, sus instituciones o a la nación en su conjunto.
La inteligencia es una metodología para recolectar y procesar información para la acción del Estado. La mayor parte de los Estados cuentan con distintas agencias que se especializan en objetivos específicos de la agenda nacional de riesgos: por ejemplo, desmantelar una banda criminal (inteligencia criminal), evitar la concreción de un acto terrorista (seguridad nacional) o desactivar una red de lavado de dinero (inteligencia financiera). La construcción de la agenda de riesgos en todos los Estados democráticos es un proceso institucional.
A fin de asegurar que los sistemas de información de inteligencia de las distintas agencias trabajen en forma armónica y coordinada, usualmente existe una agencia que no opera directamente ningún sistema pero que asegura que se den estas condiciones. Es el caso en Estados Unidos, donde existen 16 agencias que generan inteligencia y, una Dirección Nacional de Inteligencia de donde salen orientaciones, criterios y objetivos generales para todas las instancias e informa al presidente sobre lo que debe saber o decidir.
En México las tareas de inteligencia se encuentran desperdigadas, en ocasiones duplicadas, y la articulación entre ellas es, por decir lo menos, ineficiente. Y está concentrada en las agencias federales. Muy pocas entidades federativas cuentan con aparatos de inteligencia criminal para tareas de seguridad pública, cuando el 90% de los delitos son del orden común, jurisdicción de estados y municipios. La agencia que se dedica en exclusivo a producir inteligencia (Cisen) ha jugado con altibajos el papel de coordinación entre agencias —Segob, Sedena, Semar, PGR, SHCP— pero no como parte de un proceso institucional.
En el rearmado en el que está concentrado el equipo del próximo gobierno, reordenar el rompecabezas de la inteligencia es una prioridad. En ello me parece importante distinguir cuatro áreas básicas. La inteligencia para la seguridad nacional, responsable de amenazas provenientes del exterior, grupos subversivos y anti sistémicos, terrorismo, redes de trata y tráfico de personas, seguridad en las fronteras y amenazas (corrupción) a las instituciones del Estado. Muy poco se hace en el ámbito cibernético.
La inteligencia para la seguridad pública a nivel federal se supone que se genera en Plataforma México, un proyecto centralizador de grandes pretensiones y pocos resultados. La inteligencia para el narcotráfico es quizás la más desperdigada, entre agencias civiles y militares. Y la inteligencia financiera, aún incipiente, que puede ser el arma más poderosa para combatir al crimen organizado. Cuatro ámbitos de inteligencia perfectamente diferenciados.
Brilla por su ausencia el ente articulador, que evite duplicaciones, facilite la coordinación entre agencias y asegure que, en el marco de la ley, se genere información útil, confiable y pertinente para la acción.
Lectura obligada en este contexto es el libro de Jorge Carrillo Olea Torpezas de la inteligencia en México en el que relata los avatares de la construcción institucional de la inteligencia en nuestro país. No hay nada nuevo bajo el sol. Como nos muestra uno de los principales artífices de la inteligencia moderna en México, desde los ochenta existe un modelo institucional, que se siguió a medias y trompicones, pero que no ha perdido vigencia y pertinencia. Un buen libro de texto para ayudar al rearmado del rompecabezas.
Consultor en temas de seguridad
y política exterior.
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