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Las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable en el país que se enfrenta a situaciones de discriminación, exclusión social y laboral en diferentes espacios. Se estima que existen más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, cifra que representa más del 5% de la población total. De allí, la necesidad de construir los espacios y generar las condiciones idóneas para que las personas con discapacidad posean una mejor calidad de vida.
Es por ello que una de las acciones con mayor trascendencia en la materia es la creación de un Registro Nacional de Población con Discapacidad, el cual atiende la problemática a la que actualmente se enfrentan las personas con discapacidad y que indudablemente fortalecerá los mecanismos con los que contamos para garantizarles el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.
Las ventajas del registro nacional serán diversas ya que, por un lado, las políticas públicas estarán mejor focalizadas al permitir conocer qué tipo de discapacidad padece la población, en dónde se encuentran y de esta forma escuchar y atender de manera más cercana cuáles son sus necesidades fundamentales; por otro lado, un registro nacional de este tipo coadyuvará a integrar a las personas con alguna discapacidad en el sector productivo.
Cabe señalar que se estima que sólo un millón 599 mil personas con discapacidad están integradas a la población económicamente activa del país, además se enfrentan a situaciones laborales difíciles como la falta de oportunidades, espacios inadecuados y capacitación del personal con el que interactúan. Por citar un ejemplo y con base en el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, en el tema del ingreso laboral por hora trabajada existen grandes diferencias entre personas con y sin discapacidad. Las personas sin discapacidad ganan en cada categoría más que las personas con discapacidad: en subordinados formales 2%, en subordinados informales 23%, en cuenta-propia 107% y en patrones o empleadores 33% más.
En México se han llevado a cabo otras acciones integrales para garantizar a la población con discapacidad la igualdad de oportunidades y derechos. Cabe señalar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, el cual constituye el primer programa especial dirigido a la inclusión laboral de personas con algún tipo de discapacidad, así como la nueva Política Nacional de Vivienda que ofrece más créditos y subsidios para que personas con discapacidad puedan comprar, construir o adaptar su casa.
Y si bien hay avances importantes en materia de inclusión social, debemos seguir impulsando las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Instrumentar políticas públicas y eliminar las prácticas discriminatorias en contra de este sector de la población son elementos fundamentales para consolidar una sociedad más inclusiva.
Senadora
