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La discapacidad constituye una condición que afecta el bienestar y nivel de vida de los individuos, así como el de sus familias, ya que a las personas que se encuentran en dicha condición les es posible encontrarse con mayores obstáculos en torno a las oportunidades económicas, educativas y tasas altas de pobreza.
De allí la relevancia que este tema ha adquirido en la agenda gubernamental de muchos países en el mundo. Basta señalar que la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece acciones en pro de la promoción e inclusión de las personas con discapacidad.
A efecto de dimensionar la magnitud de esta problemática, es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud refiere que más de mil millones de personas padecen alguna discapacidad, cifra que representa el 15 por ciento de la población en todo el planeta, de ellas casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.
Lo más preocupante es que las tasas de discapacidad están aumentando como resultado del envejecimiento paulatino de la población, así como por el alza en el número de casos de enfermedades crónicas, entre otras causas.
Nuestro país no es ajeno a esta grave problemática. La discapacidad representa uno de los desafíos fundamentales al que el Estado mexicano debe prestar especial atención, para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad.
Por tal motivo, desde el inicio de la actual administración, el gobierno de la República planteó la Meta Nacional “México Incluyente”, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos y cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.
Un aspecto muy importante y de interés prioritario, aunque no se hable en gran medida del tema, es el acceso a seguros de los sectores vulnerables. Las coberturas de gastos funerarios, accidentes, vida y gastos médicos están muchas de las veces condicionados.
La explicación es que en este grupo poblacional el riesgo de siniestro y de enfermedades subyacentes es más alto y representa un costo mayor para las aseguradoras.
Si bien en el mercado hay productos para este sector de la población, todavía tienen una cobertura y suma asegurada limitadas y sus características no son del todo claras. Es indispensable saber y conocer las necesidades que enfrentan y ofrecerles productos claros y realistas.
En una palabra, resulta primordial que estas personas puedan acceder a la información oportuna y a los servicios básicos, así como ejercer de manera plena sus derechos y obligaciones.
Por lo mismo, se ha trabajado desde el Congreso el acceso a los productos de seguros y finanzas para las personas en estado de vulnerabilidad, mediante pláticas con organizaciones y sectores de los seguros en México y propuestas legislativas concretas. Se debe de recalcar que es de suma relevancia que todos los actores políticos y sociales continúen trabajando, de manera coordinada, en el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas transversales, con la finalidad de hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos sectores vulnerables de la población, incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad, que les posibilite desarrollarse plenamente.
Senadora de la República, presidenta
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
