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Ni duda cabe que la narrativa respecto a la migración inaugurada por el presidente López Obrador generó un “efecto llamada”. La postura abierta y humanitaria frente a la migración influyó en que la cifra de personas buscando cruzar por México, de por si en ascenso, se multiplicara. Ahora parece que frente a la presión del “extorsionador en jefe”, Donald Trump, la nueva estrategia del gobierno mexicano desplegada en nuestra frontera sur es generar un “efecto disuasión”.
Dicha estrategia se propone aminorar el cruce de personas migrantes sin documentos, ya sea en los cruces tradicionales y en los por lo menos 14 nuevos puntos de revisión instalados en la frontera sur, en la verificación de la identidad de quienes presumiblemente transitan por territorio nacional sin autorización, en un cierre de filas para controlar otros medios de movilidad, como el uso de transporte de carga y autobuses de pasajeros, cuyos choferes serán ahora los responsables de revisar los documentos de identidad de quienes aborden, e incluso, en realizar visitas de la propia autoridad a los albergues para monitorear dichos espacios. La estrategia presume que con estas medidas se podrá deportar un promedio de 2000 personas migrantes cada día. Si no resultara del todo efectiva, ahí andarán los 6000 efectivos de la Guardia Nacional que de facto se estrenan en esta acción y su sola presencia es parte del “efecto disuasión”. Ahora que esta estrategia tampoco tiene mucho de novedad pues se asemeja al Plan Frontera Sur instrumentado en el sexenio de Peña Nieto, cuestionado a todos los niveles.
La diferencia entre ambas estrategias que se vuelve a su vez en el mayor desafío para el nuevo gobierno radica en dos puntos: Lograr que la acción de control y seguimiento del flujo migratorio se de sin violar los derechos humanos de las personas, lo cual en un país donde por principio la autoridad policial y militar despierta suspicacia y temor, simplemente parece imposible. El otro punto es aún de mayor envergadura porque se trata del compromiso explicito del gobierno mexicano de desmantelar las redes de tráfico de personas. Esta actividad ilícita es uno de los negocios más rentables del crimen organizado a nivel mundial que supone, de entrada, una complicidad trasnacional y de funcionarios de gobierno de todo tipo de niveles que solo así han podido sostener una red tan bien armada durante años. Esto implica no irse por la tanjente siguiendo solo a traficantes menores, sino entrar a las entrañas mismas del sistema. Marcelo Ebrard habló de sumas millonarias como pago que hacen muchos de los migrantes por cruzar el país, lo cual se ha documentado desde hace años, lo mismo que las rutas de traslado, los mecanismos para evadir a la autoridad y sobre todo, el mapeo de instituciones financieras, bancos, cajeros automáticos y sucursales de retiro de dinero que están justo ahí, en medio de la nada y se presume que de alguna manera forman parte de la maquinaria del traslado de personas inocentes. Ante esto, el despliegue de la Guardia Nacional se vuelve una pieza menor pues al verdadero desafío está en atacar frontalmente la corrupción que ha hecho de las personas migrantes doblemente víctimas, de los motivos que los llevan a dejar sus lugares de origen y de su uso como mercancía, que ha sido intercambiada, amenazada, abandonada e incluso desaparecida por años.
Con o sin la presión amenazante de Trump voltear a ver el sureste y a Centro América era una prioridad para López Obrador, eso si, no tan pronto ni tan aceleradamente, con acento sobre el desarrollo y no en la contención migratoria, y sobre todo, no con el uso de la fuerza policial y militar que preocupa enormemente a las organizaciones de la sociedad civil, pero aún menos, con un reloj de arena cayendo poco a poco y contando los días como condena.
