No es casual que la nueva estrategia del gobierno mexicano sobre migración se anunciara entre el 18 y el 19 de diciembre. La fecha estuvo muy bien escogida para coincidir con el día del migrante que desde el año 2000 se celebra en el mundo. La primera parte tocó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que anunció un plan de inversión en el sur de México y los países del triángulo del Norte de Centro América (Guatemala, Honduras y El Salvador). Este anuncio incluyó un apoyo sustancial de parte del gobierno de Estados Unidos de casi 10 mil millones de dólares en inversiones públicas y privadas para apoyar este proyecto de desarrollo en la región.
El mayor logro sin embargo, es el cambio de tono en la relación con Estados Unidos que durante un par de años se volvió sumamente ríspida para decirlo elegantemente, porque la realidad es que Trump se convirtió el villano favorito de los mexicanos. Poder sentarse a negociar con el equipo que gobierna desde Washington, acordar inversiones y sobre todo, ser reconocidos como interlocutores pares, es un avance en un escenario en el que lo menos que necesita el gobierno de México son ataques del exterior. Los twitts de Trump cuando menciona el muro ya no afectan como lo hicieron antes porque ya entendimos que son parte de una estrategia electorera del mismo presidente estadounidense hacia sus bases y porque, aunque escriba muy temprano, el presidente mexicano López Obrador, puede esquivar esos sablazos en sus conferencias mañaneras, incluso sin mencionarlos.
El segundo día de estos anuncios la Secretaría de Gobernación presentó el Programa Nacional de Migración que pretende apegarse a los principios del Pacto Mundial para las migraciones, que se firmó apenas el 10 de diciembre en Marruecos por una treintena de países miembros de la ONU. Dichos principios sobreponen los derechos humanos como eje vector de toda política de movilidad. Esta narrativa del todo congruente con los principios que enarbola el nuevo gobierno, se pondrán de inmediato a prueba ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos (20 de diciembre), que pretende deportar a México a solicitantes de asilo en su país aun cuando no sean mexicanos. Ante este hecho México enfrenta ya el desafío de albergar a dicha población bajo la consigna de que no seremos “un tercer país seguro”, que implica que aquellos extranjeros que quieran solicitar asilo en Estados Unidos tendrían que hacerlo primero en México. El gobierno mexicano niega toda posibilidad ante ese esquema pero hay dudas como podrá resistirse.
En paralelo a estos anuncios que marcan la ruta de la política migratoria en tiempos de la 4T, hubo desconcierto entre ONGs y funcionarios respecto a los montos destinados a programas de atención a migrantes. Si en el discurso se ve la intención, en el presupuesto se ve la acción y no parece que el dinero previsto para la ejecución de los programas tenga la prioridad que se ha señalado que tienen. Hay programas que prácticamente desaparecen o tienen una baja sustancial como es lo concerniente a servicios consulares. Hay otros que esperaban un aumento acorde a la importancia que ahora se les da, como la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), que vio reducido el ya de por si raquítico recurso que tiene para operar. Para salir del trance la autoridad dijo que las reducciones fueron algún error de dedo y habrá correcciones, pero hasta no ver, no creer y menos distraerse con el pretexto de la navidad.
@migrantologos
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