Hace algunas semanas escribía que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador era una gran noticia en el sentido de que la transición concluye y por tanto el debate sobre si éramos o no una democracia ha pasado un segundo plano. Y además por el hecho de que la izquierda, que durante tantos años se sintió relegada y maltratada, ahora tendrá la posibilidad de desplegar sus tesis políticas y transformar las instituciones. El desafío está abierto y hay un enorme espacio creativo para edificar una nueva institucionalidad democrática como lo han sugerido Jaime Cárdenas o Rodríguez Araujo. Y como los tiempos se aceleran, el presidente electo anunció que ante la grave crisis de inseguridad las fuerzas armadas seguirán desplegadas. Igual que en su momento Peña Nieto había anunciado en campaña que las retiraría y termina su sexenio con las fuerzas desplegadas, AMLO a 100 días de asumir el cargo, anuncia que seguirán desplegadas hasta nuevo aviso.

No es deseable, aclaro, que las fuerzas armadas hagan esa labor, pero es tranquilizador que el presidente electo haga este anuncio, ya que buena parte de la argumentación de los legisladores de su partido para criticar la ley de seguridad interior y el despliegue militar de los últimos sexenios, fue avasalladora o francamente insultante. Ahora el despliegue será ordenado por un jefe del ejecutivo cuyo nombre será Andrés Manuel López Obrador y la pregunta sigue siendo la misma: por cuánto tiempo estarán desplegadas y cuál es el esquema de salida del propio ejército y la armada de esos temas.

Toda la retórica desplegada en contra de los institutos armados ahora tendrá que ser reconducida a un espacio de racionalidad. No es verdad (y a mi juicio nunca lo fue) que los militares y marinos quisieran ocupar indebidamente funciones que la Constitución les impedía, incluso se llegó a sugerir (Bartlet) que estaban desplegadas por una orden del Comando Norte. El articulo 89 facultó a Calderón a desplegarlas, lo hizo EPN y ahora lo hará AMLO con la misma laxitud o vaguedad. El tema no es solazarse ahora en decir: qué fácil es ser oposición e inventarte pajaritos preñados para ganar aplausos y qué difícil es ser gobierno y enfrentar a los desafíos de huachicoleros, secuestradores y narcotraficantes. Lo importante ahora es que todas las fuerzas políticas asuman una responsabilidad para edificar instituciones policiacas, capacidades institucionales y dejar de lucrar con el tema. Quien será responsable del despliegue militar ahora es un presidente de izquierda y con amplio apoyo popular, pero sus tesis sobre el despliegue del ejército siguen siendo en parte vigentes: El ejército debería regresar a sus funciones constitucionales, el problema es cuándo y cómo. Celebro que ante una nada fácil marcha atrás en el planteamiento de la guardia nacional y el reconocer la importancia de las Fuerzas Armadas, hoy se genere un ánimo republicano de cooperar. La izquierda ya no podrá actuar como ONG. Cuando el presidente pide este esfuerzo a las Fuerzas Armadas tendrá que reconocer que es su comandante y uno más de ellos (cuando haya bajas tendrá que vivirlas como propias y expresar su pesar) y espero que eso llevará a sus partidarios a reconocer que las fuerzas armadas son leales al titular de la institución y que esa lealtad se les debe reconocer apoyándolos con una legislación que los proteja y no los convierta en blanco fácil de críticas interesadas o francamente sesgadas.

Si les pide un esfuerzo de suplir las policías los deberá proveer de sueldos decorosos y equipo necesario. De lo que no tengo duda es que las FFAA serán obedientes y leales a lo que pida su Comandante. La lealtad correrá entonces en los dos sentidos: los militares serán leales al presidente y el presidente será leal a sus fuerzas armadas. Estoy seguro que con el tiempo se apreciarán y esta enorme desconfianza que lo ha llevado, entre otras cosas, a disolver el Estado Mayor irá generando una saludable colaboración. Pero más allá de la relación que el presidente tenga con el ejército y la armada, este país debe dotarse de leyes e instituciones que permitan regresar a la normalidad constitucional en materia de seguridad pública, interior y nacional.

Analista político. @leonardocurzio

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