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Creo que es correcto reducir los salarios de los altos funcionarios y establecer un tope a partir del cual, ningún servidor público pueda llevar una vida a la que un mexicano promedio no tenga acceso. El empleado de gobierno debe adaptarse a la ecología salarial imperante en México, en consecuencia, si una renta alta en este país empieza en los 40 mil pesos, el ingreso de los funcionarios debe ser acorde al contexto en el que sirven.
No tengo la impresión, sin embargo, de que esta sea una reforma de fondo. Es un gesto político vigoroso del presidente electo, quien lo concibió y, además, fijó el tope de lo que era, para él, el umbral de la decencia remunerativa y su mayoría no va (faltaría más) a sugerirle que, a lo mejor, otra cifra, un poquito más alta o más baja, hubiese sido la adecuada. No creo tampoco que sea la solución que este país requiere para mejorar la relación entre sociedad y gobierno. Lo único que va a ocurrir es que, éste último, tendrá más dinero disponible para sus programas y prioridades. El mensaje político es claro: el partido mayoritario no considera que los funcionarios públicos estén mal pagados, sino que, en muchos sentidos, los ubica como la fuente de enormes dispendios. Salvo al magisterio, por el que parece dispuesto a jugarse todos sus ases, el resto de los cuerpos administrativos parece no merecerle demasiada consideración. Está pendiente el desarrollo de los tabuladores de todas las dependencias gubernamentales, de tal manera que la burocracia media y baja no vea cómo sus salarios se comprimen.
Están los otros poderes del Estado que deberán también aportar su cuota a la austeridad. Ha quedado claro que el legislativo tiene mucho dinero que economizar y espero que, al mismo tiempo, ahorre y mejore para que no presente dictámenes extemporáneos a votación. No puedo creer que un poder del Estado no tenga funcionarios o asesores suficientes para poner al día un dictamen que incluía atavismos como el DF o el IFE. Ojalá gaste menos y sea mejor, no basta con cobrar menos, el trabajo debe hacerse bien.
Sobre el Poder Judicial, existen dos lecturas posibles al anuncio que ha hecho sobre los recortes de más de 5 mil millones de pesos. Si tal cosa es posible, sin afectar el corazón operativo del sistema, el grupo parlamentario de Morena tiene toda la razón en meter tijera a fondo. Mi inquietud surgiría si los recortes en los poderes del Estado van en detrimento de sus propias funciones sustantivas lo cual es, a mi juicio, contraproducente. Son ahorros ahora, para incrementar costos después.
Tampoco creo que reducir los sueldos a los funcionarios tenga un impacto favorable en la calidad de los servicios públicos. La capital de la República es el mejor ejemplo. Aquí se bajaron los salarios desde que Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno (es más les quitaron hasta los aguinaldos) y eso no redundó en una reducción sustantiva de la corrupción, ni en una mejora apreciable de la calidad de los servicios. Además, el gasto corriente se incrementó para propósitos clientelares y algunas delegaciones (y por supuesto el congreso local) se convirtieron en fuentes de jineteo de presupuestos millonarios, aunque los funcionarios nominalmente ganaran muy poco. A mí me parece que, además de ahorrar, deberíamos enfrentar una reestructuración de la administración pública en un sentido profesionalizante y basado en el mérito. No es probable que esto ocurra porque el impulso inicial de la bancada de Morena parece más inspirado en lo que Chuayffet llamaba (y practicaba) una política de régimen más que una política de Estado. Me temo que ahorrar es bueno, pero no basta.
Analista político.
@leonardocurzio
