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El punto de debate más conocido en la discusión sobre la creación de una fiscalía federal autónoma se ha centrado en el perfil de quien podría llegar a ser el titular de la nueva institución. A pesar de su importancia, igualmente relevante es discutir sobre las características del personal que deberá operar el nuevo modelo de investigación y persecución penal para delitos federales. En otras palabras, no podemos discutir la cabeza y olvidarnos del cuerpo.
El texto constitucional aprobado originalmente en 2014, estableció el pase automático del procurador para dirigir la Fiscalía General de la República. La reforma contempló también el traspaso de todo el personal de la procuraduría a la nueva institución.
El pase de procurador a fiscal fue eliminado satisfactoriamente la semana pasada. Se llevó año y medio de discusión y trabajo de incidencia, pero se logró una reforma constitucional al artículo transitorio que contemplaba esta figura. El segundo pase automático, sin embargo, aquel que se refiere a la transferencia de la totalidad de personal de la procuraduría hacia la Fiscalía General, subsiste. Esto debe preocuparnos.
Existen al menos dos tipos de dinámicas de operación que pervierten el ejercicio de la procuración de justicia federal. La primera se centra en el uso político de la institución a favor del Presidente de la República, dinámica de la que suelen estar a cargo el procurador general y sus subprocuradores. La segunda dinámica, en cambio, es operada por funcionarios de los niveles restantes, a quienes se les permite tejer esquemas de recolección de rentas. Así, cuando un caso tiene relevancia en la agenda del titular del Ejecutivo federal, el primer mecanismo es el que opera. Pero cuando el caso carece de un matiz político, el segundo esquema prevalece y la justicia se vuelve susceptible de subasta.
Vistos en abstracto ambos son esquemas de corrupción, el primero favorece a las élites políticas; el segundo favorece a cualquier otro actor con poder. Ambos esquemas, lamentablemente, explican lo arrevesado de la justicia penal en el país, que es incapaz de ofrecer una persecución profesional del delito dirigida a los criminales más temidos. Por el contrario, la criminalización se dirige de forma selectiva al opositor político y la investigación criminal contradice a los ciudadanos más desfavorecidos, no importa si son víctimas o sospechosos.
La procuración de justicia es disfuncional al ojo ciudadano pero altamente operativa para los funcionarios de todos los niveles a los que sirve.
Quienes exigimos un modelo de procuración de justicia federal eficaz queremos ver un órgano limpio de las redes de criminalidad desde el ámbito público. Queremos eliminar la extorsión institucionalizada y el tradicional robo con charola.
En vista de los esquemas de corrupción enraizados en la PGR, la decisión sobre el modelo de operación de la nueva fiscalía no puede dejar de lado las preguntas sobre la adopción y depuración del personal en los múltiples escalones de operación de la pirámide de la actual procuraduría. Como mínimo, la discusión debe darse a nivel normativo, dentro de la discusión de la ley orgánica asociada a la instalación de la Fiscalía General de la República. Como ideal, debe revisarse la disposición transitoria que subsiste en el artículo 102 vigente.
Candidata a doctora en Políticas Públicas por
la Universidad de Berkeley. @LaydaNegrete
