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Enrique Peña Nieto ha decidido usar las instituciones del Estado para activar las estrategias más burdas de tacleo electoral. El árbitro declara el penal y cobra la falta. Lo hace sin pudor, se desnuda en público.
El linchamiento mediático que despliega el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Ricardo Anaya es un ejemplo primitivo del uso de la procuración de justicia para derribar a un adversario político. Lo hace en obediencia plena a las indicaciones de su jefe, el presidente. Y las pesquisas facciosas siguen la receta de familia:
1. Condena y luego averigua.
2. Usa los medios de comunicación como punto de partida.
3. Filtra a la prensa datos que generen percepciones de culpabilidad aunque no pruebe ningún hecho constitutivo de delito.
4. Usa el proceso legal como último recurso.
Alberto Elías Beltrán es un burócrata de medio nivel que llegó a fungir como procurador de la nación sin mérito especial. En octubre pasado destituyó a Santiago Nieto a comodidad del presidente. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indagaba en el caso Odebrecht y se acercaba peligrosamente al Ejecutivo. Fue entonces cuando Elías Beltrán cesó al fiscal especializado acusándolo de haber violado el código de ética de la PGR y el principio de presunción de inocencia de los investigados.
Más temprano que tarde, el propio Elías Beltrán habría de pisotear el principio que dijo atesorar. En un hecho sin precedente, este encargado de despacho nos ha confesado haber publicado un video, con marca de agua de la PGR, que muestra al candidato de la coalición Por México al Frente en la sede de la institución que investiga a los más buscados. Las imágenes difundidas son insulsas, insustanciales, no son prueba de delito alguno, pero logran empañar a Ricardo Anaya.
Mientras tanto, el “honrado ciudadano José Antonio Meade”, aplaude la embestida que hace el gobierno en su provecho. Desde su barrera, lo acompañan políticos corruptos. Aprueban en coro las maniobras sucias y exigen sangre. Son los beneficiarios del circo.
A pesar de que investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación implican a Meade en el escándalo de la Estafa Maestra, en donde se desviaron recursos públicos a empresas fantasma y muy probablemente a campañas electorales, el del tercer lugar luce confiado. No tiene de qué preocuparse. En esta fiesta brava, el juez de plaza lo ha indultado sin haber salido al ruedo.
Preocupa que Anaya sea un blanco sustituible. Los marinados príistas no suelen conformarse con medallas de plata. Anaya es un eslabón intermedio que estorba.
Miembros del PRI intentarán todo para llegar al espacio donde pueden accionar la colección de delitos electorales que dominan. El mundo se les está acabando. El primero de julio es su día de vida o muerte. Si logran derribar a Anaya con una maniobra penal, ¿qué serán capaces de hacer para desplazar a López Obrador del primer lugar que ha mantenido?
Ningún presidente tiene derecho a usar la Procuraduría como estilete para acabar con rivales políticos, se llame López Obrador en 2005 o Anaya en 2018. Estos ejemplos refuerzan nuestra exigencia de una reforma constitucional al artículo 102, que permita crear una fiscalía autónoma del Ejecutivo.
Al tiempo que Elías Beltrán es utilizado para hacer el juego sucio, descuida sus funciones. Nos ha dejado a la deriva, buscando desaparecidos con nuestros propios recursos, perdiendo periodistas, aguantando una epidemia de homicidios, atestiguando el secuestro de migrantes y viviendo las consecuencias de un gobierno que entrega el control del Estado al crimen organizado.
Candidata a doctora en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley.
@LaydaNegrete
