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Nuestros recién estrenados senadores comenzaron mal su legislatura en el tema de seguridad: buscan encarcelar a más personas sin ser juzgadas. Sus iniciativas presentan pomposamente el castigo sin juicio como solución instantánea a nuestra crisis. Es un viejo truco para justificar el abuso de poder. Es una farsa.
Entre septiembre y octubre, senadores de todos los partidos presentaron iniciativas de reformas constitucionales o legales que se dirigen a ampliar la denominada prisión preventiva oficiosa, una figura que permite meter a la cárcel a personas desde el momento de la detención, sin investigación, sin pruebas, sin juicio, sin declaración de culpabilidad y a partir de la decisión discrecional de un agente del Ministerio Público. Son una veintena de propuestas legislativas en la dirección equivocada.
La idea de meter a personas a la cárcel sin existir juicio, al capricho de nuestros ministerios públicos, se ensayó en México de forma indiscriminada e ininterrumpida de 1994 al 2008. En ese periodo, también, se abandonó la capacitación de policías y profesionales en la investigación criminal. A lo largo de catorce años, corrimos el experimento. Pusimos en la cárcel a personas acusadas incluso por delitos pequeñísimos cometidos sin violencia, todo ello sin resultados probados en la reducción del crimen.
Lejos de ofrecer un beneficio social, la prisión sin control se convirtió en el gozo de presidentes, gobernadores y sus funcionarios. Ante un reclamo mediático por resolver un caso, el procurador sólo tenía que acusar para encarcelar. Se hizo innecesario investigar sesudamente los crímenes y probarlos en juicio, por grave que fuese el delito.
El resultado de la política pública envenenada fue efectista. Los ilusionistas del combate al crimen mostraban diariamente sus trofeos a una prensa acrítica que les aplaudía: “Cae banda de secuestradores”, “Cae asesino serial de mujeres”,… Y cayeron y cayeron, pero no caímos en la cuenta de que omitimos la construcción de los pisos básicos de un verdadero sistema de seguridad ciudadana. Por eso estamos inmersos en el caos de la violencia, sin sistema de investigación criminal que logre resultados más allá de la flagrancia y con funcionarios sumamente corruptos.
Los efectos perversos de la prisión preventiva automática se muestran de forma igualmente aterradora en la ventanilla del funcionario de primera línea. En los casos rutinarios, fuera del radar público, los agentes del Ministerio Público usan la amenaza de la prisión preventiva como moneda de cambio para extorsionar. Es el mundo al revés, en donde se delinque en la casa de la justicia porque decidimos darle el poder inmenso de encarcelarnos a un funcionario menor, sin supervisión, ni control. Por eso el Ministerio Público es la verdadera casa de los sustos.
El derecho internacional ha condenado sin ambigüedades la práctica de usar la prisión preventiva de forma oficiosa y automática. Ningún país genuinamente democrático lo hace. Pero nuestros senadores están a punto de hacernos tropezar de nuevo con la misma piedra. Quienes promueven la expansión de la prisión preventiva son los que directamente se beneficiarán de ésta. Y no somos los ciudadanos: nadie puede engañarnos diciéndonos que nos darán más seguridad volviéndonos más vulnerables.
Investigadora del World Justice Project
