Entre Puebla y Veracruz, en plena luz, asaltantes descarrilan largos trenes y roban la totalidad de la mercancía transportada en ellos. La escena que evoca una película del oeste es una metáfora de lo que está pasando en el país. La acción delictiva representa algo más que cuantiosos daños económicos para el comercio y la industria, representa la pérdida de control del territorio en favor del crimen organizado, el riesgo más importante que enfrenta hoy el Estado.

Las causas de esta crisis no están en el futuro. El peligro no es un candidato que no ha sido votado, que no ha tomado protesta y que no ha emitido su primer decreto. Nos quieren hacer creer que una cruz “equivocada” en la boleta electoral del 1 de julio equivale a crucificar al país. Nos quieren instalar la imagen de que la acción discreta de un solo día puede dinamitar una nación ya fragmentada que batalla todos los días para mantenerse pegada.

La descomposición lleva incubándose más de una década. El padecimiento es crónico. Los culpables están vivos y andan sueltos.

Además del descarrilamiento de trenes, en los últimos días atestiguamos actos terroristas en la ciudad de Guadalajara, el control de carreteras en Reynosa por las asociaciones criminales, el hackeo contra el Banco de México y ejecuciones en la capital del país. Y con estos hilos del horror se sigue destejiendo el Estado. La estadística está a la vista.

El gobierno federal niega que estemos en condiciones de conflicto interno; pero dos tercios de entidades federativas mantienen despliegue de las Fuerzas Armadas. A la par, vivimos un récord de violencia letal y hemos logrado el número más alto de homicidios desde que el Inegi lleva registro de los mismos. Nuestros desaparecidos se comparan al numero de víctimas de la dictadura militar en Chile.

Aspectos que reprochamos del régimen autoritario en Venezuela aquí se viven con crudeza similar. Según el World Justice Project y Transparencia Internacional, estamos en un mano a mano con Venezuela en ausencia de Estado de Derecho y corrupción.

A pesar de la emergencia, la consigna es encubrir la crisis. El investigador Luis Daniel Vásquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM le llama “corrupción a la mexicana”, que consiste en atestiguar la debacle y negar su existencia, a toda costa.

Las secretarías del gobierno federal ejercen presupuestos millonarios para maquillar su imagen. Con datos de Fundar, el periodista Ernesto Aroche Aguilar calculó que el gobierno de Peña Nieto gasta un millón de pesos por hora en publicidad.

Chayote o bala, una fórmula para retrasar la caída del velo.

No es producto del azar que el país se haya vuelto uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Según Periodistas Sin Fronteras, México es el lugar más mortífero de occidente para comunicadores. La organización Artículo 19 reporta que el propio Estado mexicano es la principal fuente de peligro: en 48 por ciento de las 1,986 agresiones ocurridas a periodistas en los últimos cinco años han participado funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Quienes ejercen el poder son los beneficiarios en comunicar la idea de que el riesgo está en el mañana; pero estamos en la cresta de la crisis. Ojalá nuestra autoridades asumieran sus responsabilidades y dejaran de aterrorizarnos con la idea de que el caos llegará con los fantasmas del futuro.

El Estado descarrilado, impune, ciego, violento y corrupto es hoy el verdadero peligro para México ¿Cómo hacemos para que retome su camino?

Candidata a doctora en Políticas Públicas por
la Universidad de Berkeley.
@LaydaNegrete

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