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El general Cienfuegos, en diciembre de 2016, declaró que los soldados estaban listos para regresar a sus cuarteles. Se acababa de confeccionar una amenaza, velada pero certera. Un retiro súbito de soldados desestabilizaría a un gobierno dependiente de la presencia militar.
La amenaza venía acompañada de una exigencia: la Ley de Seguridad Interior, una legislación destinada a conferir facultades extraordinarias a la Sedena y a la Secretaría de Marina.
La fórmula del chantaje era clara. Si la ley se aprobaba, el titular de la Sedena mantendría el despliegue de sus soldados; sin la ley, los soldados iniciarían la retirada. Era un toma y daca.
El mensaje alertó a quienes observamos el ejercicio del poder. La declaración en público era un gesto de insurrección, una especie de golpe de Estado. Pero los militares no se levantarían en armas, sería un movimiento de rifles caídos y el solo hecho del retiro de los soldados consolidaría el poder militar. Las entidades asoladas por la delincuencia organizada, quedarían a su suerte.
El presidente Enrique Peña Nieto claudicó ante las amenazas de aquel invierno. Encomendó entonces la redacción de la ley a sus propios destinatarios, su texto se mantuvo aislado de todo escrutinio.
Un año después de las declaraciones de Cienfuegos, se dio a conocer la propuesta de Ley de Seguridad Interior. Se presentó al final del periodo de sesiones legislativo, en el ya tradicional circo de bolas rápidas que usan los operadores políticos para lograr la aprobación de las leyes más cuestionables.
Poco importó la tormenta de señalamientos de organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil mexicanas y de prestigiados académicos que denunciaban la violación del orden constitucional y el riesgo que imponía la legislación propuesta para las personas. El 21 de diciembre, como regalo navideño, las Fuerzas Armadas recibieron una ley confeccionada a su gusto.
Entre las disposiciones más polémicas de la ley, se prevé que toda la información derivada de las acciones militares quedarán bajo reserva y no conoceremos de ellas (Art. 9 LSI). Nuestras Fuerzas Armadas no nos rendirán cuentas.
En contraste, los militares podrán obtener información sensible de todo ciudadano. Las instituciones públicas federales, estatales o municipales, estarán obligadas a compartir nuestros datos personales, aún sin nuestra autorización. A lo mismo estarán obligados los órganos autónomos tales como la CNDH, el INE y el Inai. (Art 23 Fr. II y Art 31.). Nunca antes una autoridad había concentrado poderes similares sobre la información de particulares.
Un marino podrá obtener mi acta de nacimiento, la huella digital que confié al INE; sabrá cuál es mi ingreso, cuántos negocios tengo y qué impuestos pago. Conocerá dónde vivo, las escuelas de mis hijas y cuánta agua y luz consumo.
El marino sabrá todo de mí. Yo sabré nada de él.
La Suprema Corte de Justicia recibió ya la controversia constitucional de Cholula y las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y el Inai. Además, en un hecho sin precedente, recibió también la impugnación de legisladores de todos los partidos políticos de oposición que se unieron para cuestionar la ley. La Ley de Seguridad Interior se ha convertido, desde ahora, en la ley más impugnada de la historia en sus fundamentos constitucionales.
Nuestro tribunal supremo tiene la última palabra. Y como dice el dicho popular: veremos de qué color pinta el verde: militar o verde bandera.
Candidata a doctora en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley.
@LaydaNegrete
