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Las asimetrías transversales y longitudinales en el grado de desarrollo del país se han vuelto cada vez más evidentes. Sin embargo, no sólo reflejan determinantes históricas de las desigualdades económicas y sociales de los territorios, sino diferencias en sus capacidades gubernamentales y en patrones de implementación de las políticas gubernamentales. Las políticas de alcance nacional que asumen condiciones homogéneas en los territorios no garantizan oportunidades de calidad de vida similares para las personas que habitamos México.
El equilibrio de poderes entre los órdenes de gobierno ha complicado el diseño y la implementación de políticas públicas de educación, salud, medio ambiente y seguridad, entre otras. Hoy día, las intervenciones gubernamentales demandan la interacción entre esos órdenes en todo el proceso de políticas. Las diferencias en el goce de los derechos universales reconocidos en la Constitución, por ejemplo, reflejan la ausencia de un debate sobre cuál es el mejor arreglo de distribución de responsabilidades en política social entre los tres órdenes de gobierno y cuál es el ámbito de gobierno mejor equipado para garantizarlos. Asimismo, revelan una falta de evaluación sistemática de los programas más eficaces y eficientes, pues no se han identificado las mejores respuestas y tampoco se les ha dado prioridad.
La mejor evidencia de este problema es la enorme fragmentación y dispersión de programas sociales que se traslapan, se duplican y dejan poblaciones sin atender, lo cual termina acentuando las desigualdades de origen en lugar de abatirlas. En este escenario surge una pregunta obligada: ¿cómo mejorar el diseño, la implementación, la evaluación y los resultados de políticas públicas intergubernamentales?
Un esbozo de respuesta se refiere a construir espacios y dinámicas de planeación y coordinación para que las políticas intergubernamentales generen resultados efectivos. Así pues, la coordinación se torna un tema crucial para evitar fragmentación y asegurar la integralidad de las acciones y sus resultados.
Existen varios aspectos que favorecen la planeación y la coordinación, a continuación mencionamos los más discutidos. Primero, se requieren diagnósticos que, sin perder la visión de conjunto, consideren las especificidades locales de los problemas a resolver (un justo medio entre homogeneidad y flexibilidad en cuanto a los caminos para llegar a un mismo objetivo) y su carácter dinámico (un intercambio constante entre estabilidad y cambio en la planeación). En consecuencia, resulta vital recopilar, producir y sistematizar la información necesaria de manera transparente.
Segundo, resalta la necesidad de un diseño institucional donde se definan los distintos actores involucrados, sus competencias, la manera en que se financiarán y se evaluarán las acciones, así como los mecanismos para rendir cuentas. Del mismo modo, es imprescindible preguntarnos por las capacidades gubernamentales de las agencias encargadas de diseñar, implementar y evaluar las políticas, así como por la relación entre la profesionalización y la politización de esas mismas instancias.
Finalmente, es deseable, considerar al mayor número de actores involucrados en los problemas, las propuestas de soluciones, así como en la implementación de las políticas (sociedad civil, actores privados, sindicatos, partidos políticos, etcétera). Ante la diversidad de diagnósticos sobre qué no funciona en política pública intergubernamental, es necesario preguntarnos cuál es el papel del federalismo, si es causa, si contribuye o si es una variable interviniente.
Profesora-investigadora de El Colegio de México
