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Pareciera ya un lugar común, afirmar que el Estado de Derecho es una condición indispensable para generar desarrollo. Sin embargo, en México, el cumplimiento de la ley y el respeto a la integridad física y patrimonial ha mostrado un deterioro progresivo y constante. Tan sólo el mes de octubre de 2017 se convirtió en el más violento desde que se tiene registro.
De acuerdo con cifras del Secretariado Técnico, los homicidios dolosos aumentaron 24% entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. En el mismo periodo, los secuestros se incrementaron 6.3%, los casos de extorsión crecieron 15% y el robo de vehículo 14.6%. Estas cifras son producto de la falta de acciones y voluntad política para recuperar la seguridad. Y no es una responsabilidad exclusiva de un gobierno, inicia en los municipios, pasa por los estados y alcanza a la Federación.
Sumado a esto, los datos y la información que existe con respecto a las condiciones de la policía no invitan al optimismo. Nuestros cuerpos de seguridad trabajan bajo condiciones de vulnerabilidad económica, laboral y jurídica. En muchos casos, asumen los costos de cada etapa de su trabajo. 41% de nuestros policías paga sus botas de su bolsillo; 32% asume el costo de la papelería con la que realizan sus informes; 26% paga las reparaciones de sus patrullas; 11% paga sus propios chalecos antibalas y muchos pierden oportunidades de prácticas y capacitación por no contar con municiones suficientes.
Debemos brindarles las condiciones y remuneraciones suficientes para realizar su trabajo y así, exigirles como ciudadanos que lo cumplan a cabalidad.
No por nada, nuestras fuerzas militares han tenido que incrementar su participación en las tareas de seguridad, y adquirido responsabilidades que corresponden a las autoridades civiles. Aún así, seguimos sin contar con un marco jurídico que determine sus responsabilidades y de certidumbre tanto a ciudadanos como a las propias fuerzas del orden. En este sentido, al Poder Legislativo lo exhortamos a completar la legislación pendiente en materia de seguridad. Los acuerdos parlamentarios no se pueden subordinar a los cálculos electorales sino guiarse por una visión de Estado.
Los mexicanos no podemos permitir que esto continúe. El gobierno federal debe asumir su responsabilidad como coordinador nacional a través de la Comisión Nacional de Seguridad. Es necesario que los fondos federales para estados y municipios se etiqueten y fiscalicen para garantizar un uso eficiente. No es posible construir un país que crezca económicamente, que ofrezca un piso parejo de desarrollo a sus ciudadanos y que se consolide como una de las economías más importantes, si no podemos asegurar el derecho más fundamental: la vida.
Tenemos que trabajar en la prevención, para evitar que nuestros jóvenes tengan incentivos para delinquir, formar una policía preparada y bien pagada que restaure el lazo con los mexicanos, implementar en su totalidad el nuevo sistema de penal que garantice el respeto al debido proceso, fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para atender de manera particular la situación que atraviesan en diferentes regiones del país.
Pero sobre todo, debe incluir el compromiso y el esfuerzo de todos los sectores: gobierno, empresarios, sociedad civil y universidades. Trabajemos para que nuestros hijos vivan con la tranquilidad con la que crecimos muchos de nosotros.
Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial
