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El pasado 31 de octubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso a consideración de la Cámara de Diputados y de la ciudadanía en general, el segundo paquete de auditorías correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De las mil 865 auditorías previstas para dicho periodo, en esta ocasión se rindieron 664 Informes Individuales: 482 de ellos se vinculan con gasto federalizado, 93 con desarrollo económico, 49 con la función gobierno y 40 con desarrollo social; de este conjunto de revisiones se desprendieron mil 587 recomendaciones, 796 pliegos de observaciones, 798 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 238 solicitudes de aclaración y 41 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria.
Los números, por sí mismos, tal vez no representen para el lector un indicador que refleje con claridad la importancia de la función fiscalizadora en el contexto del mejoramiento de la administración pública, o bien, las cifras resultantes no corresponden a las expectativas ciudadanas en cuanto a la detección y sanción de prácticas irregulares en el manejo de los recursos presupuestales. Es cierto que, pese al esfuerzo real que se ha llevado a cabo para hacer más asequibles nuestros informes, la auditoría gubernamental sigue siendo un proceso técnico-jurídico que demanda conocimientos mínimos de administración pública y del marco legal que la rige.
Sin embargo, los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, retoman los resultados de las auditorías vinculadas con temas de actualidad y presentan un panorama general de los hallazgos derivados de la fiscalización, con el fin de ilustrar, con datos oficiales, la gestión de distintos entes, privilegiando aquella información que se refiere a fallas y problemáticas recurrentes en la ejecución de programas y políticas públicas.
Ciertamente, uno de los principales objetivos de la fiscalización es revelar aquellas situaciones en las que existen espacios de oportunidad, en aquellas que se puede presumir un manejo inadecuado del presupuesto, o las que presentan incumplimientos en sus objetivos. Es relevante reiterar que los resultados que se presentan ante la Cámara de Diputados tienen carácter preliminar, de conformidad con el marco legal aplicable, ya que los entes auditados cuentan con 30 días hábiles para proporcionar información que permita solventar las observaciones emitidas.
Por otra parte, en las auditorías también se mencionan los aciertos de las entidades revisadas, los avances —que existen— en cuanto a un mejor ejercicio del gasto y la reversión de tendencias negativas respecto al número de observaciones; estos elementos permiten proporcionar una visión equilibrada y objetiva de lo alcanzado. Es por ello que debemos tener en cuenta que la sanción, por sí misma, no garantiza una mejora en la gestión gubernamental, y que ésta debería ser, en última instancia, el foco de interés ciudadano, puesto que se traduce en la generación y entrega de bienes y servicios de mayor calidad para la población.
De ahí que una lectura correcta de los informes de auditoría demanda una visión que trascienda el corto plazo y se centre en buscar una mayor comprensión del funcionamiento de una maquinaria compleja como lo es el Estado federal mexicano.
Cabe mencionar que esta entrega se inscribe en el cierre de la actual administración de la ASF. A lo largo de los últimos ocho años he tenido el privilegio de conducir una de las instituciones más importantes de la República. El objetivo ha sido, en todo momento, privilegiar una visión técnica, neutral y basada en evidencia documental en la conducción de auditorías. La credibilidad de nuestros resultados depende enteramente de que esta labor sea percibida como llevada a cabo por profesionales de la auditoría gubernamental. A la fecha, considero que este objetivo ha sido logrado.
Auditor superior de la Federación
