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Cuando quedó claro que institucionalmente López Obrador tendría pocos contrapesos —dado que manejaría mayorías en el Congreso federal y en muchos otros estatales— algunos analistas señalaron que al menos tendría dos, aunque informales: A) Sus asesores, que le harían ver las consecuencias de malas decisiones y normarían su política pública; B) los mercados internacionales, que le servirían como indicador para elaborar también sus políticas de modo que éstas beneficiaran al país sin afectar su economía y finanzas. Quedó claro que esos contrapesos no funcionaron; se sabía que Alfonso Romo y Carlos Urzúa estaban a favor del aeropuerto de Texcoco justo para evitar consecuencias financieras y de credibilidad negativas. Romo incluso aseguró varias veces a sus pares que Texcoco continuaría, pese a lo dicho por su jefe en ciertos momentos (dependiendo del auditorio). Ahora Romo ha quedado desacreditado, pues como interlocutor del empresariado su palabra ya no valdrá nada. Y Urzúa debe estar consciente de que sus consejos (seguramente sensatos y racionales) no necesariamente serán tomados en cuenta por su jefe. Clausurar Texcoco tuvo una racionalidad política: demostrarle a propios y extraños quién manda aquí. Es decir, el pueblo encarnado por AMLO: “¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos?”, dijo. Otro tanto hicieron en su momento Luis Echeverría y José López Portillo. ¿Cuál fue la ganancia política de ello frente a los costos económicos que generaron?
Desde luego, muchos presidentes deben marcar su territorio al llegar, establecer formas de interlocución, fortalecerse frente a ciertos actores. Pero la habilidad política consiste justo en hacerlo sin generar costos que pueden complicarle su gobierno. Las opciones para posicionarse frente a los empresarios no eran sólo clausurar Texcoco o aceptarlo sin chistar. Había puntos intermedios como, según había contemplado, rectificar el proyecto, limpiarlo, corregirlo, reducir sus costos, e incluso revisar casos de corrupción (en cambio, dice que les dará Santa Lucía a los mismos, decisión ininteligible). Pero cuando las cosas se ven de manera maniquea (“el que no está conmigo, está contra mí”), no hay puntos intermedios, no hay posturas de equilibrio; un extremo o el otro. Falta por ver el costo económico de ello (más allá de los movimientos en indicadores macroeconómicos, pues la pérdida o disminución de confianza podrá ser un elemento que inhiba nuevas inversiones a lo largo del sexenio). AMLO se quejó de que el país estaba en bancarrota, ahora será aún más complicado. Preocupa también que a los mercados internacionales sean vistos por AMLO como uno más de sus adversarios, como parte de la mafia del poder (ahora también internacional) a la que hay que enfrentar y poner en su sitio para que no abuse. Declaró al respecto: “Imagínense el Estado mexicano, democrático, de derecho al que aspiramos, supeditado a mercados financieros”.
Pero los mercados no son el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex. Si les hace saber “quién manda aquí” a base de manotazos, los recursos que se mueven ahí podrían responder: “Queda claro que aquí manda usted; regresaremos cuando mande la sensatez”. Si alguien quiere someter a la gravedad, terminará estrellándose. Y al final el costo de eso no es para los inversionistas que buscarán opciones más confiables, sino para el Estado mexicano (y el país en general). En todo caso, los mercados tampoco fijarán un límite a AMLO o le servirán de brújula a sus decisiones. Y si algunos pensaban que uno era su discurso de campaña y otras serían sus acciones de gobierno, que se moderaría y tomaría decisiones cuidadosas, no parece que será así. AMLO se ve resuelto a intentar cumplir sus promesas sin importar el costo. Y ese es el problema, pues si busca aplicar medios que no conectan con los fines propuestos, no sólo serán ineficaces, sino incluso contraproducentes. Va aclarándose lo que Cosío Villegas definió como el “estilo personal de gobernar” en el caso de Luis Echeverría.
Profesor afiliado del CIDE
@ JACre spo1
