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No debería sorprender demasiado que López Obrador haya decidido seguir apoyándose esencialmente en el Ejército para enfrentar al crimen organizado, pese a que por años descalificó esa estrategia. Y es que en la campaña de 2006 fue él quien propuso esa línea de acción que poco después aplicó Felipe Calderón; enfrentar al crimen con el Ejército, dada la debilidad y corrupción de las policías. Haría eso —explicó al embajador Tony Garza en enero de 2006— “porque (el Ejército) es la menos corrupta de las agencias mexicanas y puede ser más eficaz” (Luis Astorga, ¿Qué querían que hiciera?, 2015). Pero cuando Calderón inició dicha estrategia —de manera precipitada y desorganizada, sin duda— AMLO la descalificó sistemáticamente y hasta hace poco sostuvo: “Cómo olvidar que Calderón, en busca de la legitimidad que no obtuvo en las urnas llevó a cabo, sin conocimiento de la realidad y de manera irresponsable, una guerra absurda e infame —por los muertos que ocasionó— en contra del crimen organizado” (2018 La salida, 2016).
Insistía en que el eje de la estrategia anticrimen debía consistir en elevar el nivel de vida de los mexicanos, generar igualdad social, empleos y oportunidades de desarrollo. Y de hecho, responsabilizaba de la violencia al modelo neoliberal como tal: “por culpa de la actual política económica… se desataron la inseguridad y la violencia que han causado miles de muertes en nuestro país”, escribió en 2016. Ahora propone en su Plan de Paz y Seguridad medidas contra la desigualdad y la pobreza como base para terminar con el crimen y la delincuencia.
Otro elemento del proyecto consiste en el combate a la corrupción, pues el crimen organizado requiere de ella para operar y comprar funcionarios y policías. Propone terminar con la licitación directa de proyectos (habrá que avisarles a los legisladores de Morena en Tabasco). Pero, en el mejor de los casos, eso también llevaría tiempo (y difícilmente se logrará erradicar del todo ese mal, por más que así lo prometa AMLO). Otro elemento más del plan es la reconversión moral de los mexicanos, algo también planteado por López Obrado desde hace tiempo: “No se debe utilizar la fuerza, hay que hacer una convocatoria a la paz”. Y también “Hay que llamar a todo el pueblo de México a que no haya enfrentamientos entre hermanos” (2017). De ahí el papel que pretendidamente jugará la famosa Constitución moral. La despenalización de la mariguana es un componente nuevo, no contemplado antes. Y es algo que podrá ayudar en cierta medida, pero no resolverá el problema del crimen, sobre todo, de otros delitos (extorsión, secuestro, etc). No obstante, la pregunta era y sigue siendo, ¿aun si la violencia y crimen organizado descendieran significativamente de lograrse aquellas metas (lo que muchos especialistas ponen en duda), qué hacer mientras tanto para enfrentar al crimen (organizado y no)? La respuesta de AMLO es apoyarse en el Ejército (como Calderón y Peña).
De ahí que López Obrador, aun desde en 2016, y en aparente contradicción con su postura original, haya propuesto que el Ejército no puede limitarse a la defensa nacional, sino que debe agregársele el objetivo de la seguridad interior. Por lo cual “se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220,000 soldados y 30,000 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina” (2016). Aunque la cifra propuesta ha disminuido sensiblemente, desde entonces se proponía eso. Se busca formar un cuerpo que combine la disciplina del Ejército con la preparación especializada para atender la seguridad interior. Nos recuerda Alejandro Hope que la idea viene de Peña Nieto en 2012, pero no pudo aterrizarse por motivos laborales y presupuestales. Muchos piensan que ante un cuerpo militar permanente, aunque con disfraz de civil, se acentuará la militarización del país pero ya no de forma provisional. Los expertos están dudosos sobre la racionalidad de la Guardia Nacional.
Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
