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Hace unos días dio inicio la vigencia de la nueva Constitución para la CDMX. De hecho, es la primera carta magna que tenemos los capitalinos en toda la historia de la República, desde que fue creado el Estado mexicano en 1824. Es un acontecimiento histórico del que podríamos ser beneficiarios, o no, los habitantes que vivimos en la capital del país. Todo depende de los pasos siguientes.
En principio, no está nada mal tener más derechos de lo que ofrece la Constitución General de la República, con todo y las abstracciones que sugiere el nuevo texto político, como es el derecho a recibir servicios públicos eficaces y eficientes, o el derecho de acceso a una buena administración pública, el derecho al agua y a su saneamiento, entre otras disposiciones que sus autores y promotores han llamado “de avanzada”. Empero, en temas tan serios que pueden condicionar nuestro entorno de vida comunitario, no sólo son derechos, prerrogativas y buenas intenciones con cargo al presupuesto público, lo que hace posible que las cosas de la agenda pública sucedan positivamente.
Las constituciones funcionan y son eficaces, porque tienen antes que nada un buen diseño o modelo de gobierno, que hace factible el cumplimiento y la protección de la mayor parte de sus compromisos que han quedado normados como derechos, precisamente porque hay una maquinaria bien ensamblada que logra adecuar las realidades políticas y sociales a las instituciones de gobierno que se derivan de la constitución. Más que derechos, son estructuras de gobierno, con un equilibrio institucional adecuado, en donde ninguna autoridad está encima de otra, lo que hace posible el ejercicio de una buena administración, o una menos mala.
A la pregunta si deben de ser primero los derechos que las instituciones de gobierno, Madison, uno de los principales redactores de la constitución escrita vigente más longeva del mundo, respondía que antes de tener derechos se deben tener las instituciones de gobierno, porque son éstas las que garantizan con su buen funcionamiento, la protección de los derechos fundamentales. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto.
Como sea, esta Constitución tiene un amplio catálogo de derechos y su modelo de gobierno es de tipo presidencial aplicado a un jefe de Gobierno con todo y que reconoce la figura del gobierno de coalición que seguramente no verá luz alguna en los próximos tres años —probablemente sean seis, dado que no habrá gobierno dividido, al contrario, la nueva jefa de Gobierno va a tener una amplia mayoría legislativa con la que habrá de gobernar y, de ahí, la oportunidad y gran responsabilidad para completar la tarea que queda pendiente con la nueva Constitución de la CDMX.
En primer lugar, el nuevo Congreso local de la CDMX tendrá que legislar todas las leyes secundarias que se derivan obligadamente de la nueva Constitución. No tengo idea de cuántas leyes sean, pero ante tantos derechos y aspiraciones, seguramente serán muchas. El segundo tema que debe acompañar la creación de un nuevo marco legal es un tema presupuestal, concerniente dinero público con el que las nuevas leyes hagan posible la materialización de todos los derechos ofrecidos. Esto no depende de otra cosa, sino de la capacidad de recaudación fiscal que tenga la nueva autoridad.
Finalmente, en el mediano plazo, el reto mayor que se tiene para hacer realidad todo lo que ofrece el nuevo texto constitucional, es que los actores institucionales de la CDMX, tengan la voluntad para respetar la ley. Conciliar lo que dice la ley con lo que deben de hacer, y no con lo que quieran hacer de manera personal.
Así que la protección de los nuevos derechos que tenemos todos los capitalinos depende de lo que haga, en los próximos años, el Congreso local, de sus capacidades y sensibilidad, para resolver los problemas y demandas sociales que se presentan todos los días, desde hace más de 200 años.
Académico por la UNAM.
@Jorge_IslasLo
