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Me dio gusto y esperanza saber que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que instalara una Mesa de Reconciliación Nacional y Justicia; la idea es que revise lo más rápidamente posible los numerosos casos de personas “injustamente privadas de su libertad”, para agilizar sus procesos. La mesa ha sido instalada por la Subsecretaría de Derechos Humanos que dirige Alejandro Encinas. La Secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, anteriormente Ministra de la Suprema Corte, explicó que “todos los casos son diferentes, algunos están acusados por motín, otros por atentados contra las vías de comunicación, otros muchos porque les han sembrado algunas cosas o armas o secuestros… Tenemos que resolver caso por caso; con un desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público, o, si está en apelación, apoyarlos con defensores. Si está ya con sentencia ejecutoria, pedirle el indulto al señor presidente. Muchos tienen procesos abiertos (sin concluir) porque los jueces no se atreven a resolver, ya que saben que no tienen los elementos para poder condenarlos, entonces los dejan trece años, dieciocho años sin sentencia. Vamos a resolverlo”.
Tengo esperanza porque son decenas de miles —más de cien mil, me dijo un juez— los que están en la cárcel, esperando un juicio que no termina o que no empieza. La mesa trabaja y ha logrado las primeras liberaciones de personas “injustamente privadas de su libertad”.
El 23 de diciembre leí que están en libertad todos los que fueron a dar a la cárcel en tiempos del Comisionado (para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán) Alfredo Castillo Cervantes. ¿No se acuerdan? En enero de 2014, Michoacán estaba en llamas, con Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. El presidente Peña Nieto intervino a través de su Comisionado que no tardó en arrestar al ex gobernador interino Jesús Reyna García y varios altos mandos estatales y municipales, acusados de extorsión, cohecho y delincuencia organizada. Luego, poco a poco, fueron liberados cuando se demostró la evidencia de torturas y la falta de pruebas. El último en salir, hace diez días, fue el ex gobernador: sus abogados dicen que la libertad absolutoria (después de cuatro años y ocho meses de privación de libertad) se dio porque la PGR no pudo sostener las acusaciones en su contra. La que no salió, porque murió detrás de las rejas, fue la señora Salma Karrum Cervantes, ex presidenta municipal de Pátzcuaro.
Salieron de prisión todos los altos mandos michoacanos arrestados en 2014. En julio de ese año, bajo la autoridad del mismo Comisionado, ocurrió la extraña destrucción de La Gran Familia de Zamora, que no tenía nada que ver con La Familia Michoacana. Esa institución fundada y dirigida por Rosa Verduzco, con un solo guardia a la entrada, fue tomada por un operativo digno de Rambo, con tanquetas, helicóptero y ninjas que escalaron los muros de la casa-hogar de 600 niños y adolescentes. Se procedió a un espectacular linchamiento mediático, dispersaron a los miembros de la Gran Familia, lanzando a la calle a todos los de 16 años y más. Arrestaron a Rosa Verduzco y a seis miembros de la Gran Familia, cinco hombres y una mujer, acusándolos de todos los crímenes posibles.
El gobierno quería culpables. Tuvo que soltar a la anciana Rosa Verduzco, defendida por varios ex gobernadores de Michoacán, entre los cuales estaban los dos Cárdenas. Para no perder la cara, invocó demencia senil de una señora que de demente no tenía nada. Hablo en pasado porque murió hace seis meses, horas después de hablar con un Ministro de la Suprema Corte. Hasta el último momento, luchó para lograr la liberación de sus cinco “hijos” y de su “hija”, quienes llevan cuatro años y seis meses en la cárcel, sin juicio. Bien dijo Claudio Lomnitz: “Son chivos expiatorios que penan por un problema que ellos no inventaron ni crearon”.
Que la mesa no tarde en revisar los casos de Ma. Lourdes Verduzco Verduzco, David Rogelio Álvarez Murillo, Vicente Carlos Félix Durán, Miguel Ángel Ibarra Valencia, Enrique Hernández Valdovinos y Felipe Serrano Gómez.
Investigador del CIDE
jean.meyer@ cide.edu
