Más Información
Nuestros representantes políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados, o por lo menos una mayoría de ellos, han decidido aprobar una ley que va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestra democracia. De hecho, se trata de un claro retroceso autoritario.
La llamada Ley de Seguridad Interior pretende justificar y legalizar lo que ha estado al margen de la ley por casi dos sexenios. Ante la incapacidad de generar cuerpos de policía eficaces, profesionales y confiables, los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto abusaron de sus facultades y echaron mano del Ejército y de la Marina para tareas que no les competía. La Constitución es clara en lo que respecta al uso de las fuerzas armadas. No en balde es el producto de una Revolución. Prohíbe contundentemente el uso de la autoridad militar en tiempos de paz y aunque la Constitución cuenta con un mecanismo extraordinario para hacer frente a “perturbaciones graves de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” en su artículo 29, estos gobernantes prefirieron no utilizarlo. Haberlo hecho tenía un altísimo costo. Se hubiera requerido de la aprobación del Congreso para suspender el ejercicio de ciertos derechos y su uso habría quedado notificado ante las instancias internacionales. Es decir, México estaría aceptando vivir en condiciones de excepcionalidad democrática donde es necesario suspender el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Esto tendría un costo político devastador para cualquier gobierno o partido.
Es por ello que, en cambio, estos mandatarios optaron por utilizar de manera discrecional, sistemática, permanente y opaca, sin autorización alguna del Congreso, a las fuerzas armadas a lo largo y ancho del país en los últimos 11 años. Podremos discutir si técnicamente el país se ha militarizado, pero con solo ver los descomunales presupuestos que se han aprobado desde el 2007 a la fecha para el Ejército y la Marina, así como ser testigos de los convoys y patrullas militares en las principales ciudades del país, es fácil entender lo que está sucediendo.
La Ley tiene problemas en su contenido como muchas voces han señalado. Problemas relacionados con otorgar facultades inconstitucionales: al propio Congreso para emitir semejante ley; al Ejecutivo Federal para que pueda decidir cuándo y cómo intervenir en cualquier parte del territorio federal sin controles, haciendo nula la división de poderes; a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo una serie de acciones en el ámbito civil, contrarias a los derechos humanos y violatorias a las garantías procesales. Además, el ordenamiento contiene excesos en el uso de la información reservada y es omisa en controles o mecanismos de rendición de cuentas.
Pero más aún, esta ley deja al descubierto cuatro problemas serios que han venido evolucionando poniendo en peligro nuestra democracia:
1. El fortalecimiento del Ejecutivo Federal frente a un vacío de controles legales o institucionales efectivos.
2. El sometimiento de los otros poderes públicos frente a las enormes capacidades de negociación, cooptación a presión con los que cuenta el Ejecutivo. El caso del Senado de la República es uno de los más alarmantes. Se ha convertido en un órgano de articulación de los intereses del Ejecutivo y no una cámara federal que funcione como control a los actos y decisiones del Presidente. Especialmente preocupante es el papel de varios senadores de representación proporcional que sin, ser electos democráticamente, se convierten en protegidos de los partidos, interesados en su propio lucro político con vergonzosos desplantes de prepotencia frente a la ciudadanía.
3. La preeminencia de los intereses electorales para que el gobierno ceda a las presiones del Secretario de la Defensa Nacional y de esta manera cierre filas frente a lo que pudiera ocurrir de cara a alguna fuerza opositora con posibilidades de arrebatar la Presidencia el año entrante. De la misma manera, los diputados y senadores se sienten mucho más comprometidos con quien ejerce el poder y puede eventualmente premiarlos que con la ciudadanía.
4. La continuación de una política pública fracasada en materia de seguridad. Las fuerzas armadas no han logrado abatir la criminalidad, sino al contrario ésta se ha mantenido y aumentado. De la misma manera los cuerpos policiacos no tendrán incentivo alguno para mejorar y profesionalizarse.
