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Pasada la turbulencia del proceso electoral, el tema mas importante en México es la creación y puesta en marcha de la Fiscalía General de la República. Se trata del asunto clave para que México recupere un camino de reconstrucción social y crecimiento económico. El tema de la inseguridad no ha sido un problema que pueda entenderse en lógica simplona de criminales descomunales o gobiernos
débiles. Las últimas administraciones no han mostrado sólo ineptitud, sino que incluso han formado parte del problema ya sea desmantelando las capacidades de investigación, o bien utilizando a las instituciones de seguridad y justicia en alianzas criminales y en investigaciones a modo. Sólo así se explica que el crimen se metió en todos los rincones del país, secuestrando nuestra paz e imponiendo una lastimosa sombra de terror e impunidad.
Por ello, es fundamental crear esta Fiscalía. Se trata de la institución que representa la esperanza para encontrar justicia. Es la institución que debería perseguir los terribles delitos (federales) que se cometen todos los días, de manera independiente y efectiva, presentar casos sólidos a los jueces para castigar a los presuntos criminales y proteger a las víctimas e inocentes. Una Fiscalía que empiece la construcción de una auténtico Estado regido por la Constitución y el derecho sin excepciones.
Desde hace un par de semanas, el gobierno electo convocó a las organizaciones y colectivos sociales que llevan tiempo trabajando en un proyecto de Fiscalía que cambie el disfuncional modelo de procuración de justicia junto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El proyecto ha quedado listo para que ahora sea el Congreso el que detone el nombramiento del nuevo Fiscal y la creación de la institución.
Una de las principales características de la nueva Fiscalía es su autonomía, pero hay que entender que esta no se agota con el nombramiento del titular fuera de la influencia del poder presidencial. También se expresa en dotarlo de facultades suficientes para que pueda determinar las características de los fenómenos delictivos, establecer prioridades para enfrentarlos y crear estructuras de investigación con la fuerza suficiente sin importar quienes están involucrados, así como contar con personal apto para investigar y formular los casos que tendrán que presentar a los jueces. La independencia del Fiscal General tiene que tener, además, su contrapartida en la independencia de los fiscales bajo su mando, para llevar su trabajo sin que les dicten órdenes ni “líneas”, con los instrumentos y la autoridad necesarios para su labor, pero también con claros lineamientos de responsabilidad en caso de que falten a su delicada encomienda.
La lucha contra la alta delincuencia en los países que logran tener éxito, es un proceso primordialmente de información e inteligencia institucional y no meramente de policías y armamento. Por ello, la nueva Fiscalía debe de privilegiar los procesos de acopio y procesamiento de la información para transformarlos en elementos útiles de investigación. Será una lucha compleja y brutal por el tamaño y poder de los grupos delincuenciales, pero que puede llevarse a cabo con profesionalismo y apoyo en las nuevas tecnologías.
La nueva Ley orgánica es un instrumento limitado, que tiene que articular la organización de la nueva Fiscalía dentro de los límites marcados por el marco constitucional. Aún así, se trata de un proyecto que puede y debe crear los equilibrios necesarios entre independencia con atribuciones fuertes y responsabilidades claras, entre estructuras necesarias y flexibilidad operativa, entre órganos de control y espacio para tomar decisiones. Está en juego una institución clave para la vida del país. Por ello su diseño orgánico no puede volver a caer preso de caprichos políticos, de esquemas autoritarios, de burocracias ineficientes, de servidores corruptos, o de expectativas imposibles de cumplir.
*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
