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Como todos sabemos, Andrés Manuel López Obrador ya es Presidente Electo. Por esa razón, el día de hoy quiero plantear algunas reflexiones sobre el Plan 50; específicamente sobre la descentralización y el recorte a los salarios de los funcionarios públicos.
Primero, se ha dicho que casi 30 organismos serán reubicados en diferentes estados. Suponiendo que existen las condiciones para albergarlos, hay que preguntarnos qué pasará con aquellas familias donde el padre trabaja en una dependencia de gobierno y la madre en otra, ¿se mudarán a distintos lugares o los van a reubicar para que ambos trabajen en la misma dependencia? ¿Alguno tendrá que renunciar a su trabajo? ¿Qué pasará con las familias donde los hijos estudian en universidades públicas de la Ciudad de México? ¿Se les dará la entrada a las universidades estatales?
Durante los últimos años se han otorgado créditos bancarios para vivienda, automóvil o de consumo con base en los salarios actuales, pero ¿las mensualidades se reducirán de acuerdo con los nuevos salarios? ¿Se les otorgarán nuevos créditos para adquirir otra vivienda o para pagar renta? Y a los bancos, ¿cómo les afectará? ¿No estaremos poniendo en riesgo su solvencia? También es necesario saber quién asumirá los costos de mudanza o si se les dará un préstamo para ello.
Seguramente a medida que se inicie la descentralización se resolverán estas dudas, pero es necesario que el nuevo gobierno se anticipe a los inconvenientes. El líder del FSTSE declaró que la descentralización debería ser parcial y gradual; comenzar por las dependencias con menor personal e implementar medidas para evitar una parálisis del gobierno.
Segundo, últimamente existe el debate sobre la reducción proporcional de salarios a mandos medios y altos de la burocracia federal; especialmente para aquellos que tengan un ingreso superior a un millón de pesos anuales. Sin embargo, no se sabe cómo será la retabulación para que los sueldos sean proporcionales, ¿o no habrá diferencia entre el ingreso de los mandos medios y altos, aun con mayores responsabilidades?
Además de la reducción de sueldos, el plan del nuevo gobierno plantea la reducción de prestaciones laborales. Por ejemplo, el Seguro de Separación Individualizado será eliminado, ¿qué pasará con aquellas personas que tengan ahí el ahorro para su jubilación? ¿A todos los se les pagará al mismo tiempo? ¿No crearía un gasto excesivo quitarlo? Puede ser cierto que el gobierno necesita reducir el gasto corriente, pero puede haber propuestas más viables que quitar incentivos para ser trabajador del gobierno.
Por último, existe otro dato que debemos tener en cuenta: del 1.56 millones de trabajadores del gobierno federal, poco más de 278 mil son de confianza y la reducción de 70% de estas plazas significaría despedir a casi 200 mil personas que no necesariamente son mandos medios y altos, o personas que puedan prescindir de su trabajo, ¿qué va a pasar con todos ellos?
La profesionalización y modernización del servicio público debe pasar por hacer parte a los trabajadores del programa de descentralización, y no objeto de escarnio público porque son los que hacen funcionar al gobierno. Esa fue la lógica de cuando se crearon los servicios profesionales de carrera
¿La descentralización de las decisiones de gobierno es una necesidad? De serlo, ¿no sería mejor que los gobiernos locales, o las delegaciones estatales, pudieran tomar más decisiones para que los ciudadanos no tuvieran que venir a la capital a realizar algún trámite o a pedir respuesta al gobierno federal? Si ya es difícil entre alcaldías y gobiernos estatales, o entre las delegaciones y el gobierno de la Ciudad de México (ni siquiera se ponen de acuerdo sobre cuáles edificios se tienen que tirar), será mucho más complicado de resolver entre los tres niveles de gobierno en todos los estados: ¿no estamos creando un problema mayor al que queremos solucionar?
Coordinador general de Puertos
y Marina Mercante
