Desaparecidos, en el desinterés y la falta de coordinación

México atraviesa una crisis de seguridad que no solo ha sido definida por la violencia y la persistencia de elevados índices de homicidios, secuestros, extorsiones o robos, sino por una serie de violaciones a derechos humanos que han afectado sistemáticamente nuestra vida individual y comunitaria. Lamentablemente, estas condiciones no son nuevas pues llevan mucho tiempo impactando nuestra vida cotidiana, al grado que nos hemos acostumbrado a escuchar cómo continúan perpetrándose ilícitos con plena impunidad.

Ante este contexto, lo que se esperaría es que nuestras autoridades se avocaran a la consolidación paulatina de un sistema de justicia eficaz, autónomo e independiente que pueda favorecer el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas, generado sanciones que desincentiven este tipo de conductas. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que la autoridad, lejos de investigar y procurar justicia, ha mantenido un proceso de revictimización de las personas que acuden a las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Además, ello ha venido acompañado de la tolerancia y protección a funcionarios implicados en la comisión de delitos, lo cual institucionalmente facilita que existan procesos que permitan e inclusive estimulen los delitos de lesa humanidad.

Este es el caso de la desaparición forzada de personas, un fenómeno que para

muchas personas sería impensable que fuera cometido en una sociedad democrática como la mexicana. Dadas las características constitutivas de la desaparición forzada, este es un ilícito que difícilmente se investiga, para el cual la estrategia socorrida por las autoridades consiste en descalificar la calidad moral de las víctimas. En un país en donde existe evidencia de decenas de miles de desaparecidos, el Estado no solo ha permitido que esto suceda, sino que en algunos casos ha sido autor material y para evitar cualquier responsabilidad se han enfocado en mostrar evidencia que las víctimas de una desaparición forzada son personas moralmente reprochables.

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) tomamos con mucha seriedad y responsabilidad el compromiso que asumimos por incidir en la implementación de normas jurídicas y políticas públicas en materia de seguridad, entendiendo que esta no puede existir si son violados los derechos humanos de una persona. Debido a la perspectiva de nuestro trabajo como organización, hemos emprendido una investigación de largo respiro que permite generar un diagnóstico puntual sobre las desapariciones forzadas e involuntarias desde una perspectiva de política pública.

Esta tarea la hemos llevado a cabo con el objetivo de generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

Con la presentación del segundo fascículo titulado Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias queremos centrarnos no solo en la identificación y análisis del marco normativo con el que se cuenta, sino también enfocarnos en las acciones que han sido realizadas y determinar si han tenido algún resultado para saber si vamos en la dirección correcta para atender esta crisis.

Sin lugar a dudas reconocemos que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas representa un avance porque se tipifica la conducta de tal manera que se le da cabida a las desapariciones cometidas por particulares; porque se plantea la construcción de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como una Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones estatales de búsqueda; porque se está optando por la construcción y sistematización de información para mejorar las búsquedas de personas desaparecidas y no localizadas; entre otros aspectos. No obstante, la clave de que esto sea exitoso radica en la implementación y en la voluntad política de las autoridades.

Nuestro país no puede tolerar que una persona más sea desaparecida, no puede tolerar que familias y comunidades sufran por un delito que constantemente nos recuerda el peligro de vivir en México. Las autoridades mexicanas no pueden continuar ignorando las voces de los familiares de personas desaparecidas que claman porque efectivamente actúen y cumplan con las funciones que les corresponden para localizar a sus seres queridos.

En este sentido, es fundamental que los servidores públicos sean conscientes de que la ley, por si sola, no va a resolver el grave problema de desapariciones forzadas e involuntarias. Los mexicanos levantamos la voz para que la autoridad cumpla con su labor, que permita el natural desarrollo de toda la sociedad y vigile por la protección de los derechos humanos. Los mexicanos decimos no a una desaparición más, no a la violación de derechos fundamentales por parte del Estado, no a la revictimización.