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En dos meses, al menos 40 personas desaparecieron en Tepic, denunciaron familiares de las víctimas, quienes solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, puesto que consideran que la fiscalía de la entidad no está investigando los casos.
La noche del viernes, el mandatario del estado se reunió con ellos para escuchar sus demandas y dijo que solicitará apoyo del gobierno federal para, la semana próxima, abrir una “oficina de investigación” que se concentre exclusivamente en la búsqueda de los desparecidos. Indicó que ésta estará abierta las 24 horas con tres turnos.
Sandoval Casañeda reconoció que la información brindada por la gente, que ha investigado por su cuenta, ha dado pistas. Añadió que el jueves apareció uno de los hombres reportados como ausente, por lo que esperan poder obtener más datos.
Desde que la movilización de los parientes de los desaparecidos se hicieron públicas, en redes sociales han surgido otros reportes que dan cuenta de al menos 118 casos en el estado; sin embargo, el gobernador indicó que tienen confirmadas 40 personas y que algunas podrían haber vuelto a sus casas sin que se haya reportado. Entre las personas desaparecidas hay dos mujeres y el resto son varones, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 30 años. “Sólo hay dos hombres de 46 y 47 años. Existen pocos casos en los que no hay similitudes. No son hechos aislados, están vinculados”.
Sandoval refirió que durante su administración no habían ocurrido ese tipo de hechos; según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2008 y 2013 se reportaron en Nayarit las desapariciones de 22 personas: una joven de 15 años y 21 hombres, entre ellos un menor. Sin embargo, desde finales de marzo pasado, cuando el ex fiscal del estado, Édgar Veytia, fue arrestado en EU acusado de narcotráfico, la violencia aumentó en la entidad, donde además se han registrado al menos 25 ejecuciones. El mandatario atribuye los hechos a reacomodos entre grupos delictivos que aprovechan el cambio de gobierno en el estado para reposicionarse.
