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La Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) en conjunto con más de 80 organizaciones civiles, presentaron el informe que remitirán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), donde documentan supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad en el estado durante la administración de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira, como parte de lo que consideraron, fue una política de estado para permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población.
El informe concluye que de 2009 al 2011 (periodo del gobernador Humberto Moreira y Jorge Torres) las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad presuntamente en coordinación con “Los Zetas”.
Agrega que las autoridades apoyaron u omitieron actuar frente a la comisión de estos crímenes por parte de este grupo.
Mientras que del 2011 al 2016, agrega, las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad directamente.
El documento se basa en el análisis de 32 casos que corresponden a un total de 73 víctimas; dos bases de datos sobre 195 y 367 personas desaparecidas de los organismos civiles Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec); de casos derivados de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), entrevistas a víctimas y organizaciones no gubernamentales.
Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila s e cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque “sistemático contra la población civil de dicho Estado”.
De los 32 casos detallados, 23 reportan actos de tortura que comprenden a 44 víctimas, cuatro reportan actos de violencia sexual que comprenden a cuatro víctimas; quince reportan actos de desaparición forzada de 33 personas en los que es posible presumir que las víctimas han sido asesinadas por el tiempo transcurrido.
También se tomó en cuenta la cifra oficial de 1791 denuncias relativas a 1830 personas desaparecidas en Coahuila entre el 2006 y el 2016, según la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del estado. También se utilizó información disponible de fuentes abiertas sobre los hechos de la denominada “Masacre de Allende” y sobre los crímenes cometidos en la cárcel de Piedras Negras , además de testimonios de los miembros del cartel de “Los Zetas” que fueron recolectados en las audiencias judiciales llevadas a cabo en las ciudades de San Antonio y Austin, en Texas, Estados Unidos, desde el 2013, y que evidencian, dice el documento, el apoyo brindado por funcionarios públicos estatales de Coahuila y fuerza pública estatal para cometer dichos crímenes.
“La evidencia sugiere que no solo el municipio, sino también el gobernador de la época, estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende , y que “Los Zetas” contaron con la pasividad e incluso cooperación de las fuerzas de seguridad”, dice para el caso de Allende. Mientras que para el caso del Cereso de Piedras Negras: “Se convirtió en un centro de operaciones d e “Los Zetas” de 2008 a 2012 . Los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles, sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades”.
Una vez que el examen preliminar sea abierto por la CPI, y la existencia de crímenes contra la humanidad reconocida, quedará en manos de la CPI determinar si tiene, o no, jurisdicción sobre este caso, y por lo tanto determinar si las autoridades mexicanas emprendieron o van a emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas.
El informe de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) evidenció una supuesta política de estado del ex gobernador Humberto Moreira durante los crímenes que se cometieron en Coahuila, donde aseguraron que para 2010, se había dejado una “sociedad aterrorizada y el control de “Los Zetas” sobre el territorio”.
Política de estado
El comunicado que se presentará a la Corte Penal Internacional (CPI) menciona que en el 2009, con una “actitud contradictoria”, el gobernador Humberto Moreira implementó una serie de reformas “con el supuesto objetivo de luchar contra la creciente violencia y al mismo tiempo nombró y aumentó los poderes de actores públicos que facilitaron los crímenes cometidos por Los Zetas, a veces con la colaboración de la fuerza pública”.
El informe critica la estrategia llamada “Modelo Coahuila”, pues en un inicio se había planteado tomar el control de las direcciones de policía de municipios pequeños, en términos de población, que estuvieran en colindancia territorial con Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y el estado fronterizo americano de Texas en los Estados Unidos.
Sin embargo, cita el documento, “durante el desarrollo del Modelo la estrategia no logró su objetivo pues el gobernador tomó la decisión, probablemente por cuestiones electorales, de que los mandos militares se fueran a los municipios con mayor número de habitantes para dar una percepción de seguridad”.
El informe también rescata el tiempo en que Humberto Moreira creó la Fiscalía de Coahuila, donde se fusionaron por un tiempo la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, en 2009 y donde se nombró a Jesús Torres Charles como fiscal por ocho años, con oportunidad de permanecer en el puesto por otro periodo igual.
“Este debilitamiento de la separación de poderes creó un esquema de control del sistema de seguridad pública y procuración de justicia que facilitó la impunidad. No conforme (Humberto Moreira) con concentrar las funciones de seguridad pública y las de procuración de justicia en una única instancia, la Ley se reformó nuevamente, en junio del mismo año, para añadir el control del Sistema Penitenciario, dependiente hasta ese momento de la Secretaría General de Gobierno, por medio de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social la cual también se encontraba al mando de un militar”.
El informe describe que la acentuación de la estructura jerárquica a partir del 2009 por medio de las reformas legales, permitió la concentración en las manos de una sola persona (Jesús Torres Charles) de las funciones de fiscal, jefe de la fuerza pública y mando de las cárceles. “Esto facilitó las privaciones graves de la libertad física, torturas y desapariciones, entre otros crímenes constitutivos del ataque”.
“El 2010, dejó consigo una sociedad aterrorizada y un control de Los Zetas, sobre el territorio gracias al apoyo de las autoridades. En el 2011, durante la salida de Humberto Moreira como gobernador, Los Zetas manifestaron su inconformidad con acciones violentas realizadas en la capital del Estado. Estas acciones se llevaron a cabo el día que se registró y el que tomó protesta como Presidente del PRI en marzo del 2011”, refiere el informe. Además, añade que durante los meses de gobierno de Jorge Torres, el terror en la población era “absoluto”.
Según los testimonios que documentó la FIDH, los elementos de las fuerzas de seguridad pública, municipales o estatales, privaban de libertad física a las víctimas para después entregarlas a Los Zetas, y omitían reaccionar cuando presenciaban crímenes o cuando recibían denuncias de crímenes cometidos por funcionarios públicos o por Los Zetas. “Todo esto demuestra la política de atacar a civiles para contribuir a que Los Zetas pudieran mantener un control territorial y llevar de manera lucrativa actividades ilícitas en el Estado de Coahuila”.
lsm
