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María de Jesús Almendarez
, víctima de abuso y acoso sexual de un líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) , vive encandenada en un sillón a la Oficialía Mayor del Estado, desde el 16 de mayo, en protesta por su inestabilidad laboral.
La mujer de 51 años se encuentra encadenada de la cintura y con pañales , y se d eclarara víctima de impunidad por parte de las autoridades del estado de San Luis Potosí, ya que desde que acusó el acoso sexual que sufrió por parte Juan Martín Gatica Izaguirre , la han cambiado a diferentes dependencias, “como maceta de corredor”, destacó.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
Almendarez narra que hace cuatro años , cuando trabajaba en el área administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop ), fue víctima de abuso y acoso sexual por parte de un delegado del Sindicato Mayoritario de Gobierno del estado de San Luis Potosí, situación que se prolongó por más de un año.
“Me enviaba flores, me decía que era el amor de su vida, su amor platónico, un amor imposible; Después, siguieron las frases ofensivas, los mensajes por celular y en tarjetas, hasta que terminó en tocamientos”, puntualizó la víctima.
Marichuy, como también es conocida, destaca que el líder sindical también la amenazaba para que accediera a tener relaciones sexuales con él. “Me decía que me quería mucho, que quería estar conmigo, que quería coger conmigo, que no lo bateara”, detalla.
Por la negativa de la trabajadora de acceder a sus caprichos, el dirigente sindical, con el aval de su cuñado que era titular de la dependencia, despidió al hijo de Marichuy quien prestaba servicios por honorarios. La mujer pensó que con el cese de su hijo la iba a dejar en paz, pero siguió el acoso constante.
“Yo exploté. Y entonces le dije a mi compañera que era mucho el acoso, ya no podía estar más. Él llegó al grado de decirme: O cogemos a la buena, o a la mala, pero tu hijo no entra a trabajar”, acusó.
Un año después, en el 2013, la empleada reportó a su acosador ante el sindicato, pero no hubo respuesta, por lo que presentó dos denuncias penales en contra del agresor, en el área de delitos sexuales en el MP y que actualmente forman parte del expediente con número 101-2014, en el Juzgado. Como consecuencia, a su agresor le dictaron dos autos de formal prisión, pero sólo estuvo detenido un día en el penal de La Pila, porque pagó una fianza para quedar libertad.
Marichuy comenta que la denuncia complicó aún más su situación. “Han violado todos mis derechos humanos, porque se confabuló gobierno con el Sindicato Mayoritario y yo estoy peleando en contra de ellos dos”.
Con 24 años de trayectoria en el sector público, en la nómina estatal, María de Jesús ocupa el cargo de Jefa de Oficina de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas con nivel 12, pero después de enfrentar al órgano sindical con la denuncia en contra de uno de sus integrantes ha sido discriminada, situación que la mantiene en un sótano de la Secretaria de Cultura donde ni si quiera tiene la llave del baño.
“Me sacaron de mi dependencia y me han traído de una a otra”.
Como represalia a sus denuncias,señala, en los últimos cuatro años Marichuy ha sido cambiada de dependencia una y otra vez. Primero se le comisionó en el Instituto de las Mujeres, luego en la Secretaría de Educación y después en la Secretaría de Cultura; en el último cargo fue asignada al Archivo. “Me metieron a un sótano y me pusieron a coser expedientes y a perforar y querían que barriera”.
Ante la represión acudió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); presentó cuatro quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); recurrió al gobernador Juan Manuel Carreras López y con su esposa Lorena Valle, quien se desempeña como presidenta del DIF. Marichuy explica que lo que busca es que se respete su trabajo y sea reintegrada a su cargo oficial.
Por el caso de la trabajadora CEDH emitió la recomendación 03/2016 al Gobierno del Estado, la cual venció el miércoles pasado. Dicha recomendación estipula que María de Jesús debe ser reinstalada en su trabajo original, que se inscriba a su hijo en el Banco de Víctimas del estado y que se “levante un acta administrativa en contra de los servidores públicos que me estuvieron cambie y cambie”, afirma.
Desacato a recomendación
María de Jesús está cansada. Lleva más de 24 días sin bañarse y su salud se ha visto seriamente afectada, pues padece diabetes; no obstante, espera de que se le haga justicia, pues hasta el momento considera que “la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia es letra muerta”.
Marichuy asegura que sus abogados le anunciaron que las autoridades están solicitando una prórroga de tiempo para cumplir con la recomendación. “Tuvieron 15 días hábiles y no pudieron cumplir”, pero mientras tanto en la Oficialía Mayor del estado colocaron cámaras de video para vigilarla mientras que Elías Pesina Rodríguez, titular de la dependencia responsable de sus cambios de puesto, y lo que ella califica como hostigamiento laboral, prefirió despachar en otras oficinas que encontrarse con la protesta de la trabajadora todos los días.
Juan Martín Gatica Izaguirre, de 49 años, permanece en su puesto. Aún “cuando la Ley de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado establece que cuando un funcionario hace una cosa debe ser separado en tanto concluye el proceso; pero nunca lo hicieron porque el gobierno le debe muchos favores al SUTSGE”, señala Almendárez.
