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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón , presentó una controversia constitucional en contra de las reformas que dieron origen al Sistema Estatal Anticorrupción , aprobadas la semana pasada por la Legislatura local, informó el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, quien argumentó no están de acuerdo en que los diputados nombren al Fiscal General del Estado , en lugar de dejar que lo elijan los ciudadanos.
“Esa ley constitucional, nosotros, en tiempo y forma, el 30 de mayo pasado, presentamos la instancia de controversia constitucional”. Igualmente, dijo González, en tiempo y forma se vetará la ley reglamentaria que apruebe el Congreso para la integración del Sistema Anticorrupción.
Al respecto el coordinador de la diputación local panista, Arturo Salinas Garza, comentó que el gobernador está en contra de un Sistema Estatal Anticorrupción, porque quiere que el procurador general o fiscal general de Justicia, se elija por el voto ciudadano.
Mencionó que la reforma constitucional que crea la Ley para el Sistema Estatal Anticorrupción, nace de una obligación para homologar la norma local con la federal, “y ésta no trae ese argumento, que sea electo democráticamente en las urnas, entonces la ley que aprobamos no es anticonstitucional”.
Salinas Garza agregó que después de tantas mesas de trabajo que tuvo el Congreso para analizar el tema “yo no escuché a nadie que se volcara diciendo que pusiéramos en riesgo la procuración de justicia, dándole un procurador electo en las urnas, porque sea el más popular y no el más capaz”.
Jaime Rodríguez tiene derecho a presentar la controversia constitucional, pero a lo que no tiene derecho es a no publicar en el Periódico Oficial del Estado, los decretos o acuerdos que aprueba el Congreso, “yo le pediré que cumpla y haga cumplir la ley”, dijo el diputado panista, ya que el secretario de Gobierno señaló que “en congruencia con la controversia constitucional promovida por el Estado en contra de las reformas constitucionales que dan origen al Sistema Estatal Anticorrupción, el Gobierno Ciudadano vetará el decreto”, que crea el SEA.
Consideró Salinas que el mejor modelo para elegir al fiscal general es el de Nuevo León, porque a través de una convocatoria pública, abierta cualquier institución académica, y de organizaciones no gubernamentales, entre otras instituciones, se proponen los candidatos, y un grupo que se crea también a través de convocatoria pública, como es el Comité de Selección, va a dejar a los que cumplan los requisitos.
Expresó que se determinó dicho mecanismo, “porque no queremos en la fiscalía general, otro Ernesto Canales (subprocurador anticorrupción de El Bronco), u otro Edgar Veytia (ex fiscal de Nayarit detenido por narcotráfico), que tenga un pasado turbio, o esté siendo procesado, cuestionado de manera legal, y para eso sirve ese filtro para elegir a los que tienen que estar ahí, y el gobernador participa en el proceso porque tiene derecho a vetar en el caso del fiscal general, a alguno de los candidatos, si considera que no es idóneo, concluyó el panista.
