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La “Operación Tornado”,
que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, anunció el tres de junio de 2016, para castigar la corrupción de la anterior administración estatal que encabezó su antecesor, Rodrigo Medina de la Cruz, ha logrado la vinculación a proceso de 28 ex funcionarios, pero sólo dos, han pisado la cárcel, uno de ellos el ex mandatario, que estuvo en el penal del Topo Chico menos de 20 horas, porque una juez federal ordenó su inmediata libertad, al señalar que el juez de control que decidió la prisión preventiva como medida cautelar, violó un recurso de amparo.
El único procesado que permanece en prisión es José Agustín Téllez Velázquez, ex Director de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, vinculado a proceso e internado en el Penal del Topo Chico el pasado 14 de junio, vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, por presuntas irregularidades de 41 millones de pesos.
A diferencia de otros imputados, que lograron seguir su proceso en libertad, Téllez Velázquez, recibió la prisión preventiva como medida cautelar, porque cometió el error de proporcionar un domicilio en la colonia Talleres de Monterrey, pero al identificarse, proporcionó una credencial con residencia en el estado de Puebla, lo que implicaba el riesgo que se evadiera de la acción de la justicia.
En un recuento dado a conocer por el gobierno estatal, se expuso que la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Ernesto Canales Santos, ha logrado en poco más de un año la vinculación a proceso de 28 ex funcionarios por diversos delitos, y una afectación económica al estado e irregularidades por más de tres mil 600 millones de pesos.
El caso más emblemático de la Operación Tornado, es la vinculación a proceso del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, quien la madrugada del 26 de enero pasado, ingresó al penal del Topo Chico, por peculado y daño al patrimonio estatal, por otorgar estímulos indebidos por más de tres mil 600 millones de pesos, a la armadora coreana Kia Motors.
Pero Medina sólo estuvo preso poco más de 19 horas, porque la juez de distrito, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, ordenó su libertad, al resolver que el juez de control, Miguel Eufracio Rodríguez, violó un recurso de amparo del ex mandatario estatal. Su proceso continúa en libertad.
Rodolfo Gómez Acosta, secretario de Finanzas de Medina, está vinculado a proceso por peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del estado, por tres mil 683 millones de pesos del caso Kia.
Jorge Domene Zambrano, ex Coordinador de Comunicación Social, está vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones y peculado, por otorgar un contrato de publicidad irregular que promovió la imagen de Rodrigo Medina y el PRI rumbo a las elecciones de 2015, que implicaría un daño patrimonial de 39 millones de pesos al estado.
Por tres casos distintos, entre otros Kia Motors, está vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones el ex Secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán.
Los ex funcionarios deTesorería, Francisco Valenzuela, ex Subsecretario de Egresos y Jesús Salvador Garza Herrera, ex Director de Presupuesto, son acusados por el delito de daño al patrimonio del Estado y municipios, por presuntamente otorgar apoyos irregulares por 51 millones de pesos al SNTE.
Por el delito de ejercicio indebido de funciones están vinculados el ex Director de Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel Woodyard y el ex Secretario de Obras Públicas, Luis Marroquín Salazar.
El ex titular del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez Trujillo, ha sido vinculado en dos procesos en un caso por ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del Estado; y en otro por ejercicio indebido de funciones.
El ex Coordinador de Proyectos, Conservación y Construcción, de la misma dependencia, Esteban Cepeda Ochoa, recibió dos vinculaciones a proceso por delitos contra el patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones. El ex supervisor de obras, Keven Tonatiuh Alcalde Pagola y Nancy Aracely Villegas Cantú, ex Directora de Administración del Sistema Estatal de Caminos, están vinculados por ejercicio indebido de funciones.
La ex Subsecretaria de Inversión y Fomento Industrial, Celina Edith Villarreal Cárdenas, quedó vinculada por ejercicio indebido de funciones con relación al caso Kia. Juan Livas Cantú, ex Director de Fidecitrus, está vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio del Estado en el mismo asunto.
Adriana de la Cruz Monsiváis, ex empleada de la Secretaría de Salud, está vinculada por peculado. El ex Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alberto Salinas Guerra, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones.
María Lucía González Pérez, ex Coordinadora de Ejecución de Obras y Tomás López Aguilar, ex Supervisor de Obra, fue por ejercicio indebido de funciones y daño contra el patrimonio del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción también incluyó el caso de la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes y ocho de sus ex colaboradores, vinculados a proceso por la adjudicación de manera directa de un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por 7.5 millones de pesos.
La Fiscalía Anticorrupción, no incluyó en su resumen el llamado “cobijagate”, debido a que la investigación al ex subsecretario de Finanzas, Rogelio Benavides Pintos, y otros funcionarios del actual gobierno de Jaime Rodríguez, por la compra de 200 mil cobertores al triple de su valor, concluyó que no había delito que perseguir, y sólo hubo sanciones administrativas por parte de la Contraloría Estatal.
